Una ley anticonstitucional
Una nueva ley en Irlanda obliga a colegios católicos a contratar a homosexuales
El parlamento irlandés obliga a los colegios católicos que reciban fondos públicos a contratar a personas declaradas abiertamente homosexuales. Esta medida es una extensión de la ley de igualdad que busca, según afirman los que la han aprobado, delimitar la discriminación en los centros religiosos, según recoge LifeSite.
(Actuall) Los colegios católicos que reciben subvenciones del Estado en Irlanda tendrán que contratar por ley a homosexuales abiertamente declarados, según acaba de aprobar el Parlamento. Se trata de una medida que afecta al 90 por ciento de los colegios.
Los grupos homosexuales aclaman la nueva ley y la consideran clave para su desarrollo: «Esta ley es la llave del mapa legislativo para que que personas gais puedan tener su familia, casarse y ser ellos mismos sin la amenaza del despido en caso de trabajar en un centro católico», asegura Sandra Irwin-Gowran, directora en educación por la Igualdad de Gais y Lesbianas.
Pero desde los colegios afectados reclaman que se trata de una ley anticonstitucional. Hasta ahora, los colegios se podían acoger a la sección 37 del código de Ley de Igualdad del Trabajador, por el que se podía no contratar a alguien sin que se considerase discriminación siempre y cuando se violase el código ético del centro (divorciados, gente que vive junta sin casarse, etc).
«La libertad de conciencia, la profesión libre y la práctica de la religión están sujetas al orden público y a la moral»
El Instituto Iona, una organización sin ánimo de lucro creada para defender la fe católica, considera que la decisión del Parlamento es errónea porque se contradice con el artículo 44.2.1 de la Constitución irlandesa, que establece que «la libertad de conciencia, la profesión libre y la práctica de la religión están sujetas al orden público y a la moral, derecho garantizado para todos los ciudadanos».
En un escrito al Gobierno, el Instituto señaló que la esta ley fue ratificada por el Tribunal Supremo del país en 1996, sobre la base de la búsqueda de un equilibrio adecuado entre el derecho al trabajo, la libre práctica de la religión por un lado, y el derecho a la igualdad ante la ley y el derecho a ganarse la vida en el otro.
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