(RC) «Deberían replantearse la decisión, pues obvia los derechos adquiridos de quienes habían elegido la enseñanza en los centros concertados, y están anteponiendo la ideología de su partido al interés de los ciudadanos», ha manifestado el portavoz de la Mesa por la Educación en Libertad, Vicente Morro, a Religión Confidencial, que cifra en 90 centros concertados los afectados por esa medida
Morro ha defendido «la función social y educativa que ejercen los centros concertados y el buen trabajo que realizan también en las etapas no obligatorias de Bachillerato y FP».
Por otra parte, el portavoz de esta asociación ha exigido que «calculen cuántos puestos de trabajo se destruirán, cuántos jóvenes no podrán seguir recibiendo la educación en los centros que habían elegido», y ha subrayado a RC que «sería una forma muy clara de discriminación económica, dividiendo a las familias por su capacidad económica,negando la complementariedad de la prestación del servicio público de la educación a través de los centros públicos y privados concertados».
En opinión de Morro, «la supresión de los conciertos llevará a la Comunidad Valenciana a la situación de hace décadas, y en lugar de diseñar una educación del siglo XXI sostenida con fondos públicos, volverán a llevar a la Comunidad Valenciana a la educación del siglo XX».
Figura en el programa electoral
En la reunión del martes 4 de octubre, entre directivos de la Consellería de Educación – presidía el conseller de Educación, Vicent Marzà (Compromís) - y Escuelas Católicas, al ser preguntados los directivos por los conciertos educativos, contestaron que «los programas electorales están para cumplirse y en este punto son muy claros tanto el del PSPV como Compromís, en los que se anunciaba la supresión de los conciertos progresivamente en los niveles no obligatorios».
Desde la Mesa por la Educación en Libertad destacan que «generan una grave preocupación e indignación en muchas familias, profesores y titulares de centros educativos con frases como la pronunciada por el secretario autonómico, por lo que deberían replantearse la situación, puesto que no respeta derechos adquiridos ni se adopta la decisión conociendo las graves repercusiones».
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