(Agencias) La Conferencia de Obispos Católicos de Filipinas (CBCP, en inglés) abogó por combatir el tráfico ilegal de drogas pero mostró su preocupación por los asesinatos cometidos en esta campaña, y por la situación en la que quedan las familias de las víctimas.
«Una causa adicional de preocupación es el reino de terror en muchas lugares entre los pobres», dijo la CBCP en una carta pastoral leída en las misas celebradas este domingo.
«Muchos son asesinados, no por las drogas. Los asesinos no son llevados ante la justicia. Y causa aun de mayor preocupación es la indiferencia de muchos ante este tipo de maldad. Es considerado como algo normal y, peor aun, como algo que hay que hacer», añadió.
Los obispos aseguraron que «la Iglesia seguirá denunciando actos de maldad a la vez que reconocemos y nos arrepentimos por nuestros errores».
También abogaron por ayudar a drogadictos a rehabilitarse, y se solidarizaron con los familiares de las víctimas a los que ofrecieron ayuda.
El gobierno les pide que se dediquen a dar catequesis
El gobierno rechazó las observaciones de los obispos y a través del portavoz presidencial, Ernesto Abella, aseguró que la campaña contra la droga no ha creado un reino de terror sino de paz.
«Parece ser que los dirigentes (de la CBCP) han perdido el contacto con la realidad de los sentimientos de los creyentes, que apoyan de forma abrumadora los cambios en Filipinas», dijo Abella según la televisión ABS-CBN.
Según Abella, la campaña ha convertido al país «en un lugar seguro para la familias y la gente trabajadora, sobre todo los jóvenes que trabajan en turnos de noche, lejos del terror descrito de forma dramática por los obispos».
«Los líderes de la Iglesia harían mejor en centrar sus esfuerzos en la catequesis para reforzar la moralidad de los creyentes y contribuir así al reino de paz que siente la ciudadanía por todas partes», añadió el portavoz.
La campaña contra las drogas de Duterte comenzó el día de su investidura, el 30 de junio de 2016 y desde entonces se han producido más de 7.000 muertes, de las que al menos 2.500 corresponden a sospechosos ejecutados de manera extrajudicial por la Policía por supuestamente oponer resistencia.
Amnistía Internacional (AI) acusó al Gobierno de Duterte de cometer «crímenes contra la humanidad» en el marco de esta campaña contra las drogas, al asegurar que esta encubre asesinatos a sueldo, falseo de atestados y robos perpetrados por policías.
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