(Foro de la Familia) El director del Foro de la Familia, Javier Rodríguez, afirmó que la tramitación de la Ley de Igualdad LGTBI en el Congreso de los Diputados «está ratificando punto por punto las denuncias que venimos haciendo desde hace años sobre su inconstitucionalidad»
«Partimos de la base de que estamos frente a una norma ideológica absolutamente innecesaria, puesto que la no discriminación por razón de sexo, orientación sexual, creencias o pensamiento ya se encuentran tipificadas en el ordenamiento jurídico nacional e internacional. Como se ha dicho desde el Congreso, el desarrollo de una normativa sobre una discriminación en concreto supone una discriminación en sí misma hacia el resto, que parecerían quedar por debajo en gravedad».
El Foro de la Familia destaca que los postulados de este proyecto de Ley «atentan directamente contra la Constitución y numerosas leyes, destruyendo, de facto, la Igualdad de todos los españoles ante la ley, creando ciudadanos de primera, con nuevos derechos por su orientación sexual, y de segunda, que ven además como se les imponen deberes hacia los anteriores. Asimismo, se limitan gravemente las libertades de pensamiento, conciencia, expresión, educación, incluso la de prensa. Limitaciones que afectan a todo el que no comparta lo que impone esta norma, con independencia de su orientación o identidad sexual».
Letrados del Congreso y tribunales en contra
Pero los letrados del Congreso no son los únicos que han alertado de estos puntos: «Los tribunales ya están fallando en contra de los contenidos de estas normas, como ocurre con la sentencia 289/2018 del Tribunal Contencioso Administrativo número 10 de Madrid, que señaló que la libertad de expresión, amparada en nuestra Carta Magna, está por encima de las sanciones que recoge la Ley LGTBI de la Comunidad de Madrid».
Pese a ello, «muchas Comunidades Autónomas han sacado adelante normas de este tipo sin informes jurídicos, o han seguido adelante con la tramitación sin recoger los fallos judiciales o el análisis de los letrados del Congreso, vulnerando los derechos de sus ciudadanos en favor de una minoría ruidosa. Es imprescindible que las retiren siguiendo el dictado de la cámara baja para no incurrir en un delito de prevaricación».
El FEF hace notar que «una ley de estas características creará más rechazo y una judicialización de la vida corriente de los españoles».
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