(Servimedia/InfoCatólica) En declaraciones a Servimedia, su vicepresidenta, Francisca García, destacó que «si se vuelve a una ley de supuestos, esto significa que el aborto será de nuevo considerado un delito, por lo que habrá que demostrar» en cada caso que su práctica responde a las excepciones contempladas.
«Esto deja la carga de la prueba en manos de los profesionales y de las mujeres que lo realizan, que en cualquier momento podrán ser denunciados por terceras personas», subrayó.
Además, García lamentó que la operación por la que se mata a los fetos o embriones humanos «dejará de considerarse derecho», lo que «en la práctica vendrá a significar que terceras personas decidirán sobre la maternidad de una mujer».
Ello implica «un grave retroceso en sus derechos de salud sexual y reproductiva», afirmó, y se corresponde con un contexto social, el de 1985, «que está ampliamente superado».
En la actualidad, dicen las clínicas abortistas, más del 50% de la población cree que son las mujeres quienes tienen que decidir, y además, España tiene una de las tasas de aborto más bajas de la UE (12,4 por cada mil mujeres entre 15 y 45 años), solo por detrás de países con leyes muy permisivas como Suiza y Holanda.
Esto significa que «no responde a una necesidad social, sino a intereses electorales ajenos al interés de la población.
Finalmente, García aseguró que «será muy difícil categorizar las patologías del feto (que permitirán o no el aborto), y recalcó que son las mujeres, y no otras entidades, «quienes saben si en función de su situación económica y personal pueden hacer frente a la enfermedad de su hijo».
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