Canarias, el último ejemplo
El Parlamento de Canarias acaba de iniciar los trámites para aprobar una ley autonómica de derechos y garantías de las personal en el proceso final de su vida, conocida como de «muerte digna». Ha sido promovida por el PSOE y Coalición Canaria si bien el PP ha anunciado su voto favorable. Para sus promotores, esta norma pretende garantizar un final de la vida sin sufrimiento en caso de enfermedad terminal y dar la oportunidad de decidir a los pacientes o en su caso a sus familias.
12/06/14 9:05 AM | Imprimir | Enviar
(PpE/InfoCatólica) Sin embargo, como explica Carlos Álvarez, portavoz de Vida Digna, «se trata de un proyecto similar al existente en Aragón, Andalucía y Navarra que incluye prácticas eutanásicas como la exigencia del derecho de sedación (independientemente de que esté o no indicada desde el punto de vista médico) y el derecho a no sufrir obstinación terapéutica; pero al no diferenciar medidas extraordinarias de soporte vital (por ejemplo, ventilación mecánica) de los cuidados ordinarios básicos (como la hidratación y nutrición), queda abierta la puerta a acabar con la vida del paciente privándole de comida o bebida. Igualmente, la voluntad del paciente prevalece sobre la buena práctica médica, algo que nos pone en peligro a todos porque favorece a los malos profesionales».
Los pacientes pueden quedar a merced de médicos y familiares
«Por si fuera poco», afirma Álvarez, «los pacientes podrán ser considerados en situación de «incapacidad de hecho» quedando a merced de la decisión del médico que los atiende y de sus familiares, otorgando al médico el poder último de cómo y cuándo pueden inducirse sedaciones o retiradas de soportes vitales (como la alimentación y la hidratación). Con ello, la confianza en el profesional hasta el final no está garantizada. No hay que olvidar que en Andalucía ya se retiró la alimentación a una mujer enferma por orden de la Junta».
Para Vida Digna este tipo de leyes introducen prácticas eutanásicas porque las comunidades autónomas no tienen competencia para despenalizar la eutanasia. «La actual Ley de autonomía del paciente (2002) garantiza que nadie debe ser sometido a tratamientos médicos contra su voluntad, de manera que no se necesita tramitar otras leyes a no ser que sea con intención de introducir de tapadillo la eutanasia. La única manera de garantizar una muerte digna de los pacientes es promover una Ley Nacional de Cuidados Paliativos, una promesa incumplida del Gobierno de Rajoy», concluye Álvarez.
Baleares y País Vasco están tramitando también leyes similares. En este último caso, sus promotores (EH Bildu), reconocen abiertamente que están introduciendo la eutanasia.
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