El Constitucional podría derogar la retirada del concierto económico a los colegios de educación diferenciada

(El Diario/InfoCatólica) En pleno proceso de renovación, el Tribunal Constitucional tiene sobre la mesa un borrador de sentencia que anticipa un nuevo éxito para Vox, en su intento de alterar algunas de las decisiones más importantes adoptadas por el Gobierno del Partido Socialista y Unidas Podemos.

El magistrado Ricardo Enríquez, uno de los candidatos a hacerse con la presidencia del tribunal, ha sido el encargado de redactar una ponencia de sentencia que, en caso de ser aprobada en su redacción actual, obligaría al ejecutivo de Pedro Sánchez a reactivar la financiación de los colegios que segregan por sexo, suspendida por la Ley Celáa.

Algunas comunidades como Cataluña ya han anunciado que dejarán de financiar a este tipo de centros a partir del próximo curso. La sentencia, en caso de prosperar el texto del magistrado ponente, frenaría esos planes en seco.

El borrador de sentencia redactado por Enríquez argumenta que el principio de libertad de educación y el criterio de los padres están por encima de los planes del Gobierno en el diseño de aquellos modelos educativos susceptibles de ser subvencionados. De prosperar la propuesta de sentencia, los conciertos públicos deberán extenderse obligatoriamente a cualquier colegio al margen de su proyecto educativo, incluso si optan por separar a niños y niñas en las aulas. Así las cosas, los centros que segregan por sexo podrán reclamar su derecho a subvención sin que el ministerio de Educación pueda hacer nada para evitarlo.

Paso decisivo para la libertad de educación en España

El proceso de renovación del TC mantendrá en principio la leve mayoría conservadora aunque ello no garantiza el resultado de ninguna votación en un sentido u otro.

El Constitucional ya avaló la financiación de los colegios de educación diferenciada de la anterior ley de educación (Ley Wert), pero ahora iría más allá al declarar inconstitucional la retirada de dicha financiación. Ello supondría un paso de gigante para la libertad educativa en España, amenazada por la ideología totalitaria del gobierno social-comunista.

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