(Kath.net/InfoCatólica) Para Susanne Kummer, del Instituto de Antropología Médica y Bioética (IMABE), la nueva ley se asemeja a la «cuadratura del círculo». La decisión del Tribunal Constitucional del pasado diciembre planteó al legislador una difícil tarea. Con la supresión de los límites de la prohibición de matar, se ha producido una «ruptura fundamental de valores. Por primera vez, el Estado ha definido el suicidio como una forma aceptable de acabar con el sufrimiento poniendo fin a la vida».
Según Kummer, el proyecto de ley que está ahora sobre la mesa debería llamarse «Decreto de Suicidio», lo que sería más preciso, porque «hasta ahora, los deseos para el final de la vida estaban bien atendidos con el soporte sanitario. Aquí se trata de un conjunto de normas para el suicidio con ayuda de terceros».
Según la directora ejecutiva del IMABE, al menos la salvaguarda de la libertad de conciencia es positiva:
«Así, según la ley, nadie está obligado a practicar la eutanasia. Los farmacéuticos tampoco están obligados a dispensar el fármaco letal. En ningún caso podrán sufrir ninguna perjuicio por ello. Se prohíbe el beneficio económico del suicidio asistido, así como la publicidad. Las asociaciones sin ánimo de lucro que tramitan el procedimiento, como en Suiza, no están excluidas per se».
Kummer se congratura de que se haya producido un claro compromiso de abordar por fin la expansión a nivel nacional de los cuidados paliativos y de hospicio que se viene reclamando desde hace décadas. El gobierno federal ya ha prometido aumentar la financiación para este fin. Sin embargo, aún están pendientes los compromisos de los Länder y del sistema de seguridad social en cuanto a la financiación prevista. Mientras esto no sea una realidad, no se puede hablar de «verdadera libertad de elección». Ahora, en los próximos meses, nos encontramos en la paradójica situación «de que hay acceso al suicidio asistido, pero todavía no hay acceso a los cuidados paliativos móviles para todos los que lo necesitan».
Kummer valoró positivamente también que, según el proyecto de ley, «el suicidio asistido no es una actividad médica». Sin embargo, dijo, la definición de «decisión duradera» de suicidio, que sólo prevé un periodo de tres meses, es motivo de preocupación. «Esto es una cuestión de vida o muerte: tres meses es definitivamente demasiado poco». Además, factores como la presión de los familiares o la presión emocional interna «para no ser una carga» no están suficientemente cubiertos, dijo. «Son cosas que la persona afectada probablemente no expresa abiertamente por vergüenza», dijo Kummer.
También es «lamentable» que el poder legislativo haya perdido la oportunidad de ofrecer una mejor protección legal al suicidio asistido. «Es evidente que faltaba la voluntad política para hacerlo». Ahora hay que asegurarse de que no se produzcan ampliaciones de la normativa sobre la eutanasia en Austria. «En los Países Bajos, los grupos de personas que pueden acogerse a la eutanasia se ampliaron en pocos años y ahora incluyen no sólo a los enfermos físicos graves, sino también a los enfermos mentales, a los menores y a los pacientes con demencia», recordó Kummer y advirtió: «La deshumanización con el pretexto de la no discriminación ocurre más rápido de lo que se piensa».
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