Plantean crear un registro de médicos dispuestos a practicar la eutanasia en España

(Diario Médico/InfoCatólica) La Ley de Eutanasia sigue generando polémica tras su aprobación y puesta en marcha, según se ha puesto de manifiesto en el IV Congreso de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana, organizado por la Asociación de Derecho Sanitario de la Comunidad Valenciana (Adscv), en colaboración con la Universidad CEU-Cardenal Herrera.

Los ponentes en la mesa Eutanasia versus cuidados paliativos: la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios, moderada por Pedro Rosado, vicepresidente 1º de la ADSCV, han coincidido en que no está nada claro que la norma sea consecuencia de «un debate social ya superado», y que existen temas que tensionan su desarrollo, como los objetores de conciencia y su encaje, o el hecho de que no se haya desarrollado previamente una ley de cuidados paliativos, que podría haber puesto en contexto el auténtico debate sobre las opciones al final de la vida.

Según Vicente Bellver, Catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de Valencia y miembro del Comité Nacional de Bioética, «los profesionales objetores no deben ser estigmatizados» y, por ello, existen «buenas razones» para crear un «registro positivo»; es decir, uno que incluya a profesionales dispuestos a participar en el proceso. En su opinión, «contribuiría a eliminar tensiones en el seno de los centros sanitarios, garantizaría una prestación más efectiva y la continuidad de los profesionales, fueran objetores o no, en el cuidado de los pacientes hasta el final de sus vidas», ha apuntado.

De hecho, ha añadido Bellver, «sería una propuesta mucho más positiva que se crearan equipos especializados en prestar la ayuda a morir», ya que acumularían más experiencia y su activación impediría que los objetores sintieran que «abandonan» a su paciente antes de tiempo.

Tomás Cobo, presidente del Consejo General de Colegios de Médicos de España, ha hecho hincapié en que, en el escenario actual, «debe regularse muy claramente quién va a poder acceder para evitar las listas negras», y también analizar dónde debe residenciarse el registro. Para Cobo, los colegios de médicos serían una opción más independiente, «y podemos garantizar la confidencialidad quizá mejor que la Administración sanitaria».

Objeción de instituciones

En este contexto, Bellver también ha recordado el debate sobre si la objeción es solo individual o también existe la institucional, un tema que se está analizando en el Tribunal Constitucional. «Se dice que la objeción es individual, pero eso no quita para que podamos reconocer que las instituciones tienen una conciencia y un ideario», y puede significar que ese ideario «es contrario a que se les imponga la aplicación de la eutanasia». El representante del Comité de Bioética ha señalado la «ambigüedad» que supone que nunca se diga que «la objeción institucional está prohibida».

Los expertos han coincidido en lo importante que resultaría para España la esperada Ley de Cuidados Paliativos, y así poder desarrollar mejor el derecho a los mismos. Pero ello debe ir aparejado a un impulso «real» de esos cuidados y, en la práctica, a una difusión de cuáles son y qué posibilitan.

Miguel Fombuena, responsable de la Unidad de Cuidados Paliativos y Jefe de Servicio de Medicina Interna del Hospital Doctor Moliner (Valencia), ha hecho hincapié en la necesidad de diversas acciones prioritarias, como «una asignatura de Cuidados Paliativos obligatoria en todos los grados universitarios relacionados con el ámbito de la salud, o la rotación obligatoria por unidades de Cuidados Paliativos para profesionales en formación (MIR, PIR, EIR)». Asimismo, es fundamental la existencia de este tipo de unidades en todos los hospitales y el propio reconocimiento de la especialidad de Medicina Paliativa, ha añadido el especialista del Doctor Moliner.

Los ponentes también han resaltado la necesidad de impulsar las «voluntades previas», ya que a fecha de 31 de julio de 2021, solo 7 de cada 1.000 españoles habían registrado las suyas, según Fombuena. En este contexto, Bellver ha reclamado una modificación de la ley actual para que su aplicación no sea «de forma automática», sino que se reevalúen en función de la situación concreta.

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