(Agencias) A preguntas de los medios sobre esta iniciativa durante la presentación del programa de actividades del Proyecto Mater, monseñor Rodríguez se ha referido concretamente a la segunda parte de la iniciativa, para afirmar que le parece «absolutamente disparatada».
En concreto, en ella se «insta al Gobierno a suspender cualquier disposición de acuerdos internacionales que traslade la obligación a las comunidades autónomas de financiar con dinero público los servicios religiosos de cualquier confesión en el ámbito de los servicios públicos».
A su juicio, hacer «toda una exposición de motivos sobre la libertad de todo ciudadano español a expresar sus ideas religiosas y vivirlas y que después se garantice que no haya discriminación, parece que los que hacemos discriminación somos la iglesia porque en muchos centros hospitalarios hay uno, dos o tres sacerdotes que se desviven y trabajan muchas horas para ayudar a las personas que piden ayuda espiritual».
El arzobispo ha incidido en que «parece» que tanto PSOE como Podemos están diciendo que la iglesia es la que discrimina «y ellos son los buenos de la película, que son los que garantizan la libertad religiosa», y eso, ha añadido «parece que es un sofisma muy grande, lo digo con todas las palabras».
Además, a su parecer, a unas Cortes autonómicas «no le compete» hablar de cosas como los acuerdos Iglesia-Estado, «porque, lo quieran o no, esos acuerdos forman parte del acervo jurídico del Estado español y están protegidos por garantías jurisdiccionales de los tribunales de justicia», y por tanto, «tienen carácter de tratados internacionales, y todavía muchos no se han enterado de eso».
Hay otros problemas más importantes en España
De otro lado, se ha preguntado si en estos momentos ese es «el problema más gordo que tenemos en España, en Castilla-La Mancha. Yo creo sinceramente que no, me parece bien que digan, que traten, que firmen, que acuerden, pero hay que tener un poco en cuenta la situación real», ha dicho, afirmando que no quiere decir con ello que estos problemas no se aborden.
«Con eso no creo que haga ningún agravio a nadie, pero me parece de una cosa menor cómo se va a pagar los 400.000 euros al año para las cinco provincias –de los servicios religiosos–», ha manifestado, lamentando que «según estos señores no tenemos derecho a ninguna cosa», aunque como ha recordado, «pagamos nuestros impuestos».
Preguntado también por la enseñanza concertada, ha señalado que lo que tienen que hacer los padres católicos que quieren este tipo de educación es reivindicar sus derechos, «desde el punto de vista de que pagan los impuestos».
«Ojalá que cada vez hubiera mejor enseñanza, tanto de la iniciativa del Estado como la privada, porque eso es bueno para todos», ha destacado el arzobispo, que ha añadido que «luego está lo de siempre, estamos hablando de ahorrar dinero y aprobar los presupuestos, pero la enseñanza concertada es más barata».
«No sé los economistas qué dirán de esto», ha concluido monseñor Braulio Rodríguez, quien ha precisado que con sus manifestaciones no quiere «interferir en la actividad del Parlamento».
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