(CNA/InfoCatólica) El miércoles 11 de agosto, el juez Richard Young, del Distrito Sur de Indiana, dictaminó que la antigua orientadora escolar de la Roncalli Catholic High School, Lynn Starkey, estaba calificada profesionalmente como ministra religiosa; por lo tanto, la archidiócesis y la escuela en la que trabajaba estaban exentas de las prohibiciones federales de discriminación en el lugar de trabajo, en relación con su despido.
Young escribió que «el tribunal concluye que la excepción ministerial impide todas las reclamaciones de Starkey». Concedió un juicio sumario (ndr: juicio rápido) a la archidiócesis, fallando a favor de su petición de desestimar la demanda de la mujer.
Luke Goodrich, vicepresidente y consejero principal de Becket, la firma de abogados que representa a la archidiócesis en el caso, declaró en Twitter que la decisión era una «gran victoria» para la libertad religiosa.
El abogado de Becket «argumentó que las escuelas católicas existen para enseñar la fe a la próxima generación, y no pueden hacerlo con eficacia si la ley les obliga a emplear a profesores que se oponen a los aspectos fundamentales de la fe católica.»
Starkey había trabajado en el instituto Roncalli desde 1978. Se convirtió en orientadora escolar en 1997, y sirvió como codirectora de orientación desde 2007. Según el Indianapolis Star, se casó por lo civil con otra mujer en 2015.
En agosto de 2018, Starkey informó a la escuela de su matrimonio y de su intención de permanecer trabajando. En 2019, el colegio la despidió.
Starkey demandó a Roncalli y a la archidiócesis alegando discriminación, represalias y un ambiente de trabajo hostil que violaba la ley federal de derechos civiles. Pero resulta que la ley federal que prohíbe la discriminación en el lugar de trabajo -Título VII- incluye una excepción para los ministros religiosos..
El tribunal falló a favor de la archidiócesis basándose en la «excepción ministerial», una doctrina de la Primera Enmienda que protege el derecho de los grupos religiosos a elegir a su personal clave sin la interferencia del gobierno», declaró Goodrich:
«Los tribunales están defendiendo de forma coherente y correcta el derecho de los grupos religiosos a elegir a su personal clave y a operar según sus principios religiosos fundamentales. Esas decisiones deben ser tomadas por las iglesias, no por los gobiernos».
Según la sentencia del juez, el contrato de Starkey y su función en la escuela dejaban claro que su puesto era de naturaleza religiosa.
Su contrato consideraba que «las relaciones contrarias a un matrimonio válido visto a través de los ojos de la Iglesia católica» eran un incumplimiento del deber, según el tribunal. Una descripción del ministerio adjunta al contrato especificaba que un orientador escolar era un «ministro de la fe» del que se esperaba que «colaborara con los padres y los compañeros educadores profesionales para fomentar el crecimiento espiritual, académico, social y emocional de los niños que se le habían confiado».
«Como modelos para los estudiantes, la conducta personal de cada orientador escolar, profesor, administrador y miembro del personal, tanto en la escuela como fuera de ella, debe transmitir y apoyar las enseñanzas de la Iglesia Católica», reza la sentencia.
Además, Starkey formaba parte del consejo administrativo de la escuela y, por lo tanto, «formaba parte de los grupos selectos de líderes escolares responsables de guiar a Roncalli en su misión».
El juez Young concluyó que «es evidente que la excepción ministerial incluye el papel de Starkey como codirectora de orientación».
La archidiócesis de Indianápolis se ha enfrentado a varias demandas de antiguos empleados de colegios católicos despedidos por contraer matrimonio entre personas del mismo sexo.
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