(CP/InfoCatólica) Mediante un comunicado, el Departamento de Salud y Servicios Humanos de EE.UU (HHS) anunció que rescindiría las exenciones concedidas a las agencias de bienestar infantil basadas en la fe de Michigan, Carolina del Sur y Texas que contratan con el gobierno federal.
Las exenciones eximían a estas organizaciones de los requisitos de no discriminación impuestos a los beneficiarios de subvenciones federales, que exigen que «ninguna persona que reúna los requisitos necesarios sea excluida de la participación, se le nieguen los beneficios o sea objeto de discriminación en la administración de los programas y servicios del HHS».
La declaración del HHS sostiene que las exenciones constituían un «uso general de exenciones religiosas contra cualquier persona o cheques en blanco para permitir la discriminación contra cualquier persona, incluyendo de manera importante a las personas LGBTQ+ en los programas financiados por los contribuyentes.» El secretario del HHS, Xavier Becerra, justificó la revocación de las «exenciones inapropiadas y demasiado amplias» como algo necesario para garantizar que el departamento esté «mejor preparado para proteger el derecho de todos los estadounidenses a no ser discriminados.»
«La acción de hoy respalda el principio fundamental de los estadounidenses y una misión básica de nuestro Departamento: garantizar que los estadounidenses tengan acceso a servicios sanitarios y humanos de calidad», dijo.
«Con el gran número de reclamaciones por discriminación que tenemos ante nosotros, nos debemos a todos los que se presentan para actuar, ya sea para revisar, investigar o tomar las medidas adecuadas para proteger sus derechos. En el HHS tratamos con seriedad cualquier violación de los derechos civiles o de las libertades religiosas.»
Los bautistas denuncian la medida
En un comunicado, la Comisión de Ética y Libertad Religiosa de la Convención Bautista del Sur calificó la medida del HHS como «profundamente preocupante para las organizaciones religiosas y las personas que sirven a las comunidades en sus estados de acuerdo con sus creencias religiosas.»
«Las exenciones concedidas a estos estados protegen la libertad religiosa de los grupos basados en la fe que sirven a los niños vulnerables», dice un documento explicativo escrito por el personal de la ERLC.
«Necesitamos más organizaciones que atiendan a los niños en régimen de acogida, no menos. Actualmente hay 423.997 niños en el sistema de acogida de Estados Unidos, y es probable que ese número siga aumentando debido a la pandemia del COVID-19 y su efecto en las familias. En un momento en el que los niños necesitan hogares seguros, permanentes y cariñosos, el gobierno debería asegurarse de que más proveedores puedan prestar sus servicios.»
El presidente interino de la ERLC, Brent Leatherwood, dijo que las acciones del HHS también «revelan una animadversión hacia las personas de fe».
«En lugar de un gobierno que sirve a la gente, estas acciones muestran un gobierno dispuesto a atacar a grupos por sus creencias», dijo Leatherwood. «Esto tiene el efecto de erosionar aún más la confianza en un momento en el que las instituciones gubernamentales menos se lo pueden permitir. Nuestra plaza pública no puede seguir sosteniendo este tipo de cambios imprudentes y arbitrarios que tienen sus raíces en la ideología política, especialmente aquellos que castigan a las agencias de adopción basadas en la fe y a las organizaciones religiosas.»
La acción del HHS recibió elogios de las organizaciones progresistas, incluyendo Americans United for Separation of Church and State.
«Rescatar estas dañinas exenciones de Trump es un primer paso crítico», dijo la presidenta de Americans United, Rachel Laser, en un comunicado. «El DHHS nunca debe permitir que las agencias de acogida financiadas por los contribuyentes usen la religión para discriminar a quienes quieren ayudar a los niños».
«La Ley de Restauración de la Libertad Religiosa nunca tuvo la intención de ser utilizada para permitir la discriminación contra los participantes en los programas financiados por el gobierno o para otorgar exenciones amplias a los proveedores de servicios sociales para ignorar las leyes de derechos civiles», agregó.
Durante el gobierno de Trump, el Departamento de Salud y Servicios Humanos concedió una exención a Texas en respuesta a una demanda presentada por el estado y la Archidiócesis Católica Romana de Galveston-Houston alegando que las leyes federales que requieren que los beneficiarios de subvenciones federales «se abstengan de discriminar sobre la base de la orientación sexual, la identidad de género y el estado de matrimonio del mismo sexo» violaban la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa.
El entonces director de la Oficina de Derechos Civiles del HHS, Roger Severino, detalló las preocupaciones de la archidiócesis en una carta del 5 de marzo de 2020 dirigida al fiscal general de Texas, Ken Paxton. «La OCR entiende que la Archidiócesis desea participar en el programa del Título IV-E como parte de su misión religiosa de cuidar a los niños necesitados y mostrar preocupación por el bienestar de sus vecinos», escribió.
«La OCR también entiende que la Archidiócesis, en consonancia con sus sinceras creencias religiosas, considera que el matrimonio es la unión exclusiva entre un hombre y una mujer biológicos, que las relaciones sexuales están debidamente reservadas a dicho matrimonio, y que no puede participar en actividades que condonen o puedan ser vistas como condonación de un comportamiento inconsistente con esas creencias.»
Desde el punto de vista de la archidiócesis, colocar a los niños con parejas del mismo sexo equivale a «aprobar un comportamiento incompatible» con las enseñanzas católicas sobre el matrimonio y la sexualidad.
La OCR estuvo de acuerdo en que el mandato federal era contrario a la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa y concedió a la archidiócesis y a «otras entidades en situación similar» una exención del cumplimiento de los requisitos de no discriminación.
La exención del HHS a Texas siguió a una exención similar concedida a Carolina del Sur en 2019 en respuesta a la preocupación de que el hecho de no proporcionar una excepción a la ley federal requeriría que las organizaciones religiosas que participan en el programa de acogida de menores del estado «abandonen sus creencias religiosas o renuncien a la licencia y la financiación.»
En una carta dirigida al gobernador de Carolina del Sur, Henry McMaster, el entonces subsecretario principal de la Administración para la Infancia y la Familia, Steven Wagner, señalaba que el subcontratista religioso Miracle Hill Ministries «recluta exclusivamente a padres de acogida de una religión determinada».
Sin embargo, la normativa federal prohibía a los subcontratistas seleccionar entre los posibles padres de acogida en función de la religión.
Al igual que sus homólogos en Texas, los funcionarios de Carolina del Sur consideraron que los mencionados requisitos violaban la Ley de Restauración de la Libertad Religiosa.
La administración Trump concedió la exención solicitada a Miracle Hill Ministries o a «cualquier otro subcesionario del Programa de Acogida de SC que utilice criterios similares en la selección entre los posibles padres de crianza» con la condición de que remitan a dichos padres a otros proveedores de cuidado de crianza.
El anuncio del HHS se produce cinco meses después de que el Tribunal Supremo de EE.UU. dictaminara por unanimidad en el caso Fulton contra la ciudad de Filadelfia que la ciudad de Filadelfia no podía excluir a una agencia de acogida cristiana de su programa de acogida porque se negaba a colocar a los niños con parejas del mismo sexo en violación de sus creencias religiosas.
El HHS de Biden provocó la condena del senador James Lankford, republicano de Oklahoma, que es bautista. Argumentó en un hilo de Twitter que «Becerra está impulsando una agenda discriminatoria a expensas de la libertad religiosa y de los niños en régimen de acogida.»
«El secretario del HHS de Biden está utilizando de nuevo el poder de su oficina para atacar a las personas de fe que no están de acuerdo con él. Ayer revocó las exenciones para los programas de servicios infantiles basados en la fe, lo que es indignante. Su política reducirá las opciones para los niños en régimen de acogida», escribió Lankford.
«[Hace cinco] meses el Tribunal Supremo dictaminó por 9-0 que 'la negativa de Filadelfia a contratar con CSS para la prestación de servicios de acogida a menos que acepte certificar a las parejas del mismo sexo como padres de acogida no puede sobrevivir al escrutinio estricto, y viola la Primera Enmienda'».
A principios de este mes, el Departamento de Trabajo de Estados Unidos dio a conocer una propuesta de cambio que revocaría una norma adoptada durante la administración Trump que otorgaba a las entidades que contratan con el gobierno federal exenciones de la ley de no discriminación que les daban más margen para tomar decisiones de contratación de acuerdo con sus creencias religiosas.
En mayo, el gobierno de Biden implementó una norma que obligaba a los receptores de fondos federales bajo el programa de planificación familiar del Título X a proporcionar derivaciones para abortos, incluso si hacerlo viola sus creencias religiosas.
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