(CNA/InfoCatólica) «En consonancia con nuestra fe católica, en nuestros centros de atención patrocinados por el catolicismo no ofrecemos ciertos servicios, incluidos los procedimientos de esterilización, como las histerectomías, a ningún paciente, independientemente de su identidad de género, a menos que el paciente tenga una condición que ponga en peligro su vida», dijo la red de hospitales Dignity Health el 1 de noviembre. «Los tribunales han reconocido desde hace tiempo el derecho de los proveedores confesionales a ofrecer servicios que sean coherentes con sus creencias religiosas. Aunque el Tribunal Supremo no considerará esta importante cuestión en este momento, planeamos continuar con el caso a nivel de tribunales inferiores».
Los magistrados Clarence Thomas, Samuel Alito y Neil Gorsuch querían que el tribunal escuchara el caso, que se produce en medio del debate sobre la libertad religiosa, la capacidad de las instituciones católicas de Estados Unidos para seguir la ética católica y las reclamaciones políticas y legales relacionadas con las causas LGBT.
La demanda fue presentada por la Unión Americana de Libertades Civiles en nombre de Evan Minton, una mujer del área de Sacramento que se identifica como hombre transgénero. La demanda de Minton alegaba que un hospital católico de la red Dignity Health violó la ley estatal cuando canceló su procedimiento de histerectomía para extirpar el útero y lo reprogramó en tres días en una institución no católica.
En una declaración del 1 de noviembre, Minton dijo que las acciones del hospital han tenido efectos importantes en su vida.
«Desde que Dignity Health me rechazó por ser transgénero, he tenido múltiples urgencias médicas y no soporto ir a mi hospital vecino Dignity por la discriminación que me hicieron sufrir. En una ocasión, llamé a mi médico y le pedí que me explicara un procedimiento que me hice a mí misma para evitar tener que ir a uno de sus hospitales», dijo.
«Espero que Dignity Health asuma por fin la responsabilidad de lo que me hicieron y de lo que siguen haciendo», dijo Minton.
La operación estaba programada para el 30 de agosto de 2016 en el Centro Médico Mercy San Juan de Dignity Health en Carmichael, California, en el área metropolitana de Sacramento.
Minton afirma que el procedimiento fue cancelado una vez que el hospital se enteró de que Minton era transgénero, y pidió que se le llamara «él». Los registros judiciales muestran que Minton se sometió a una terapia de reemplazo hormonal en 2012 y a una mastectomía en 2014, y que planeaba someterse a la histerectomía antes de crearse quirúrgicamente estructuras físicas que se asemejan a los genitales masculinos.
Dignity Health dispuso que Minton se sometiera a la intervención en otro hospital en las 72 horas siguientes a la cancelación, informa el Sacramento Bee. La cirujana, la Dra. Lindsey Dawson, dijo al Bee que los funcionarios de Dignity Health la ayudaron a conseguir privilegios de emergencia en el Methodist, un hospital no afiliado a la Iglesia, para que pudiera realizar la histerectomía allí.
La ACLU alega en la demanda que las acciones del hospital equivalen a una «discriminación por razón de sexo en violación de la Ley de Derechos Civiles Unruh de California», que prohíbe a las empresas discriminar a los clientes por razón de su sexo. El grupo busca una orden judicial que obligue al hospital a realizar histerectomías electivas en el futuro.
Elizabeth Gill, abogada principal del Proyecto LGBTQ y VIH de la ACLU, comentó la decisión del Tribunal Supremo de no atender el caso.
«Es un error que se rechace a alguien de la atención sanitaria por ser quien es, y cuando un proveedor de atención sanitaria niega la atención a una población a la que dice servir, eso es hipocresía», dijo. «Nuestro trabajo no termina con este caso. Las personas trans pertenecen a todas partes y seguiremos luchando junto a la comunidad trans por el acceso a la atención sanitaria.»
Por su parte, el Centro Médico Mercy San Juan dijo en su presentación judicial que el caso «supone una profunda amenaza para la capacidad de las instituciones sanitarias religiosas de avanzar en sus ministerios de curación de acuerdo con las enseñanzas de su fe».
Un juez del Tribunal Superior de San Francisco desestimó inicialmente la demanda de Minton, alegando que el hospital había seguido un precedente judicial al reprogramar rápidamente a la paciente en otro hospital. Sin embargo, un tribunal de apelación revocó esta decisión en septiembre de 2019, diciendo que el hospital aún no proporcionó inicialmente los servicios y podría decirse que proporcionó motivos legales para la queja de discriminación.
El juez de apelación, el magistrado Stuart R. Pollock, dijo que cualquier carga que la ley estatal suponga para el ejercicio de la religión está «justificada por el interés imperioso de California en garantizar el acceso pleno e igualitario al tratamiento médico para todos sus residentes.»
En respuesta a la decisión del Tribunal Supremo, Dignity Health destacó sus servicios para todos.
«Aunque no podamos ofrecer todos los servicios necesarios en todos los hospitales -ningún hospital puede hacerlo-, Dignity Health ofrece una serie de servicios que las personas LGBTQ valoran y en los que confían», dijo el sistema hospitalario. «Por ejemplo, en muchos de nuestros hospitales y clínicas, ofrecemos servicios de atención primaria y de salud para pacientes transgénero».
Veinticuatro de los 39 hospitales de Dignity Health son católicos. Sin embargo, el sitio web de Dignity Health tiene una sección LGBT que señala que su hospital laico, el Saint Francis Memorial Hospital de San Francisco, tiene un Instituto de Género que proporciona «servicios de afirmación de género de última generación.» Tres hospitales de Dignity Health han obtenido el reconocimiento del grupo LGBT Comisión de Derechos Humanos.
Dignity Health tiene su sede en San Francisco. Es el mayor proveedor de hospitales de California y el quinto sistema sanitario de Estados Unidos. Sus orígenes se remontan al hospital de las Hermanas de la Misericordia, fundado en San Francisco en la década de 1850. Una fusión en 1986 de los hospitales de dos congregaciones de las Hermanas de la Misericordia dio lugar a la creación de Catholic Healthcare West, que pasó a llamarse Dignity Health en 2012. Veinticuatro de sus 39 hospitales son católicos.
La ACLU lleva mucho tiempo criticando la ética de los hospitales católicos, describiendo estas políticas como una negación de la atención o discriminatorias. Calificó el rechazo del lunes a una audiencia en el Tribunal Supremo como un fallo que frena «nuevos intentos de autorizar la discriminación contra las personas trans bajo el disfraz de la libertad religiosa.»
En la página web de la ACLU para el caso Minon, el grupo legal señaló que una de cada seis camas de hospital en todo Estados Unidos está en una institución que sigue la ética católica de los obispos estadounidenses.
En marzo de 2021, la ACLU rebautizó su Proyecto LGBTQ y VIH en honor a los donantes Jon L. Stryker y Slobodan Randjelovic, su cónyuge del mismo sexo, que dieron 15 millones de dólares en una sola donación al grupo legal. Stryker es un multimillonario heredero de la empresa de tecnología médica Stryker. También es el fundador de la Fundación Arcus, que financia tanto los esfuerzos por limitar la libertad religiosa como los grupos cristianos, incluidos los disidentes católicos, que quieren cambiar las enseñanzas de sus iglesias sobre el matrimonio, la moral sexual y el género.
En un caso similar, la ACLU está demandando al Centro Médico St. Joseph de la Universidad de Maryland, un hospital fundado por católicos que ahora forma parte del Sistema Médico de la Universidad de Maryland, por negarse a realizar una histerectomía a un hombre que se identificó como transgénero. En ese caso se citó una decisión del Tribunal Supremo de 2020 que considera que la discriminación en el empleo por motivos de identidad de género es una violación de la ley de derechos civiles de Estados Unidos.
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