(Agencias/InfoCatólica) Fuentes del departamento que dirige Irene Montero, aseguraron que se ha decidido usar la Ley de Eutanasia como referencia en esta materia porque obtuvo un amplio consenso (sic) durante su redacción.
El objetivo de este registro de objetores, según apuntan las mismas fuentes, es identificar las necesidades en cada área sanitaria, de manera que se pueda garantizar el derecho a poder matar a los no nacidos en todos los casos.
La directora del Instituto de las Mujeres, Toni Morillas, ya dijo el lunes que en España existe «una mala práctica» en relación a la «objeción de conciencia» de los profesionales que «hace que el derecho humano al aborto se obstaculice» y no sea tratado como «una prestación más de la cartera del Sistema Nacional de Salud», sino «una práctica que genera estigma social».
Herramienta de discriminación
La profesión médica ya se ha manifestado en contra del acoso del gobierno social-comunista a la objeción de conciencia. El registo de objetores podría convertirse fácilmente en una herramienta para discriminar laboralmente a aquellos galenos que quieran ser fieles al juramento hipocrático en el punto que dice:
«Jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me soliciten, ni tomaré iniciativa alguna de este tipo; tampoco administraré abortivo a mujer alguna. Por el contrario, viviré y practicaré mi arte de forma santa y pura».
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