El pronunciamiento fue emitido al concluir este viernes el proceso de consultas que el Congreso inició el 8 de noviembre sobre un polémico proyecto de reforma parcial a la Constitución que los diputados sandinistas presentaron a inicios de mes.
La enmienda propone derogar la norma constitucional que prohíbe la reelección presidencial sucesiva desde 1996, lo cual abriría a Ortega el camino a un cuarto mandato.
También propone anular las prohibiciones que tienen los militares para ocupar puestos públicos que no sean de elección popular, facilitándoles con ello el acceso a cargos judiciales y electorales.
«No estamos de acuerdo con este proyecto de reformas constitucionales (porque) creemos que su aprobación no traerá beneficio alguno para la nación», subrayaron.
«Lo más urgente en Nicaragua en este momento no es realizar cambios a la Constitución», sino revisar el sistema político vigente, en el cual «el poder se sigue concibiendo como patrimonio personal y no como delegación de la voluntad popular», cuestionaron los religiosos.
Criticaron, además, que las enmiendas sean promovidas «en un momento de evidente desmantelamiento institucional del país, con una llamada oposición política que se debate en luchas internas», falta de independencia entre los poderes del Estado y «violaciones a la Constitución que han alterado el rumbo democrático».
La iglesia Católica nicaragüense ha mantenido una posición crítica hacia el gobierno de Ortega, en el poder durante la época de la revolución (1979-90) y desde 2007 con su partido, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Los obispos y el gremio empresarial fueron los únicos sectores -de todos los convocados por el congreso- que objetaron el proyecto de reformas durante el proceso de consultas que duró apenas dos semanas y del cual fueron excluidos algunos sectores civiles de oposición.
El resto de los consultados, como el Ejército, la Policía, el Poder Judicial, el Consejo Electoral, el Ministerio Público, la Procuraduría y grupos afines al gobierno, expresaron su total respaldo, sin argumentar sus razones.
El proyecto será ahora sometido a discusión del plenario legislativo, en que los sandinistas controlan 63 de los 92 escaños.
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