(LifeSiteNews) El miércoles 2 de octubre después de 8 horas, se seleccionó el jurado para el caso de la demanda de Planned Parenthood contra los periodistas pro-vida cuya operación encubierta expuso su tráfico de partes de cuerpo fetal, el juicio comenzó el jueves 3 de octubre ante el Tribunal de Distrito de los EE. UU. con el juez William Orrick.
9 hombres y 3 mujeres conforman el jurado de lo que podría decirse que es el mayor juicio pro-vida en décadas, pues durará 6 semanas.
Más de 12 de afiliados de Planned Parenthood están demandando a los 5 acusados del Centro para el Progreso Médico (CMP) por varios cargos.
Los acusados son David Daleiden, líder del proyecto CMP y uno de sus 3 miembros fundadores; el miembro de la junta fundadora de CMP, Albin Rhomberg, y el presidente de Operation Rescue, Troy Newman; y los periodistas encubiertos de CMP Sandra Merritt y Geraldo Adrián López. BioMax, la compañía ficticia que CMP creó para su operación encubierta, también está siendo demandada.
Los abogados pro-vida argumentaron en declaraciones iniciales que Daleiden y sus investigadores encubiertos «estaban buscando evidencia de que partes de cuerpo fetal se vende con fines de lucro y que los fetos nacen vivos, y por supuesto, sabemos que encontraron esa evidencia», dijo el abogado defensor Peter Breen, vicepresidente y asesor principal de Thomas More Society, dijo a LifeSiteNews.
«Hoy, el caso está claro para el jurado, y realmente es así, ¿compras la historia de Planned Parenthood de que David y su equipo son conspiradores criminales? u, otra alternativa, ¿dices oye, estas personas hicieron un proyecto de periodismo encubierto de buena fe que conmocionó a la nación con sus revelaciones?», dijo.
«Entonces, si es la última alternativa, no hay daños legales que puedan reclamar de esta buena investigación de encubierta legítima y fructífera», señaló Breen.
La defensa pro-vida es «en esencia una defensa de Primera Enmienda», dijo Breen. La Primera Enmienda evita que la reacción pública a la información veraz sea procesable.
«Cualquiera de los supuestos daños que sufrió Planned Parenthood fue el resultado de la reacción del público a las irregularidades de Planned Parenthood. No fue porque los periodistas encubiertos de CMP fueran admitidos para conferencias, o para grabar algún acto», explicó Breen. «Es solo porque los videos fueron tan perjudiciales para la marca Planned Parenthood que nos llevaron a los tribunales».
Además, «los demandantes desde el primer día han hecho todo lo posible para tratar de silenciar la verdad de lo que se reveló en la investigación», dijo.
Eso hizo que Planned Parenthood retirara la demanda en vísperas del juicio «para evitar desesperadamente la divulgación al jurado del interés público que motiva a David y su equipo».
Planned Parenthood también «ha tenido éxito en obtener una cantidad significativa de evidencias realmente fuertes y convincentes del juicio», dijo Breen. Por ejemplo, «tuvimos un experto que calculó las ganancias que estaba obteniendo Planned Parenthood de sus ventas de partes de cuerpo fetal. Eso no sucederá ahora, a menos que algo cambie en el juicio».
«Están luchando contra nosotros en todo momento», agregó.
Además, Orrick «ha emitido una orden de mordaza, a instancias de la Federación Nacional del Aborto, evitando que David publique cientos de imágenes obtenidas con cámaras ocultas, lo que impide la capacidad de la defensa para retratar con precisión la verdad de la investigación», señaló Breen en un comunicado de prensa anterior.
Orrick formó parte de la junta del Centro de Recursos Familiares Good Samaritan en San Francisco, que alberga y se asocia con el centro de aborto Planned Parenthood Wohlford. CMP le pidió a Orrick en junio de 2017 que se retirara del caso, pero él se negó, y en mayo de 2018, el Tribunal del Noveno Circuito rechazó la solicitud de CMP de reemplazar a Orrick.
Sin embargo, «creemos que tenemos una defensa sólida», dijo Breen a LifeSiteNews. «Creemos que los miembros del jurado verán la evidencia, entenderán que este es un proyecto de periodismo legítimamente encubierto y que la reacción apropiada del público fue la que causó el daño por las terribles revelaciones», agregó.
Katie Short, de la Fundación de Defensa Legal, quien defiende a Rhomberg, dijo a la corte en sus primeros comentarios su experiencia de décadas como activista pro-vida, incluso comentó el papel de Rhomberg en el descubrimiento de 1982 con más de 16.000 fetos prematuros abortados empacados en un contenedor en la casa de un patólogo al sur de California, según un informe de Life Legal.
Short argumentó que los acusados tuvieron que infiltrarse en Planned Parenthood y en sus aliados porque «es difícil llegar a la verdad desde la distancia».
Los abogados de Planned Parenthood trataron de mostrar a los acusados pro-vida como «extremistas», citando la declaración de Rhomberg de que «debemos destruir al malvado imperio de Planned Parenthood» y llamando al aborto un «holocausto» como un ejemplo de los puntos de vista extremos contra el aborto, reporto Life Legal.
Jenna Tosh, presidenta y directora ejecutiva de Planned Parenthood California Central Coast, también testificó y «confirmó lo que habíamos entendido, que es que no hubo daños hasta después de la reacción pública ante los videos», dijo Breen.
Life Legal informó que cuando le preguntaron a Tosh si le molestaba que un abortista de Planned Parenthood dijera que podía usar una técnica «menos rustica» para obtener partes del cuerpo del feto más intactas, evadió la pregunta. Tosh ha trabajado para Planned Parenthood durante más de una década, pero dijo que estaba «confundida» y que «no entendió» los videos.
Según Breen, los reclamos básicos por daños de Planned Parenthood se han reducido a alrededor de 700.000 dólares, «pero para RICO se triplica ese daño, y puede obtener los honorarios de los abogados, los cuales en este caso serían fácilmente de millones de dólares».
Los acusados Merritt y Rhomberg fueron programados para testificar el viernes.
Los innovadores videos encubiertos de CMP publicados en 2015 revelan que los ejecutivos de Planned Parenthood regatean los precios de las partes del cuerpo del feto y discuten cómo alterar los métodos de aborto para obtener partes del cuerpo más intactas para su conservación.
Los videos provocaron indignación pública e investigaciones tanto en la Cámara como en el Senado, que publicaron informes que documentan evidencia de acciones criminales por parte de proveedores de abortos y compañías de adquisición de partes del cuerpo fetal, y remitieron el asunto al Departamento de Justicia de los EE. UU., que ahora está investigando la Operación Planned Parenthood, reporta Operation Rescue.
Los senadores Lindsey Graham y Chuck Grassley enviaron una carta al fiscal general William Barr en junio pidiendo una actualización sobre el progreso de la investigación, y se espera una respuesta pronto, informó.
Planned Parenthood también perdió 6 millones de dólares anuales en fondos de los contribuyentes bajo la Regla de Protección de Vida que prohíbe a las organizaciones que realizan o derivan abortos recibir subvenciones de planificación familiar del Título X, una regla acreditada a los videos de CMP, señaló Operation Rescue.
El tamaño y el alcance del equipo legal pro-vida subraya la importancia del juicio.
Dalieden está representada por Thomas More Society, con sede en Chicago, así como por el Fondo de Defensa de la Libertad de Conciencia de Charles LiMandri, con sede en California, y el Dhillon Law Group, que también representa a CMP y BioMax. El Fondo de Defensa de la Libertad de Conciencia también defiende a CMP, BioMax y López.
Merritt está representado por Horatio Mihet de Liberty Counsel, con sede en Florida, y el abogado de California Nicolai Cocis. Rhomberg está representado por el abogado de Short y California, Michael Millen, y Newman está representado por el Centro Americano de Derecho y Justicia con sede en Michigan y el bufete de abogados de California Myall Hurley.
Daleiden y Merritt también se enfrentan a un enjuiciamiento en el estado de California por 14 cargos de delitos graves de grabación ilegal de información confidencial.
La audiencia preliminar finalizó el 19 de septiembre, y se espera que el juez Christopher Hite, del Tribunal Superior de San Francisco, emita un fallo antes del 22 de octubre sobre si hay suficientes motivos para pasar a juicio.
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