Projusticia: «Las feministas instituirán el delito de opinión y el de pensamiento ‘machista’»


Hay que fiscalizar el destino del dinero público empleado durante estos años.


El Gobierno ha anunciado por boca de Blanca Hernández, delegada del gobierno contra la violencia de género, que modificará el Código Penal porque: «Hay que ser totalmente contundentes. Le hemos propuesto a Justicia que cree un nuevo tipo penal en el que el enaltecimiento de cualquier tipo de estas conductas o la exaltación de las relacionadas con la violencia de género y de violencia contra la mujer en el sentido amplio, sean también consideradas delito».


19/08/14 1:59 PM | Imprimir | Enviar




(HO/InfoCatólica) En un comunicado remitido a HO, la asociación Projusticia de abogados y otros profesionales relacionados con el mundo de la Justicia realiza a partir de este anuncio las siguientes observaciones:


Las feministas acabarán imponiendo los delitos de opinión y el de pensamiento «machista», vieja reivindicación del colectivo feminista que califica como apología de la violencia de género cualquier opinión o información que rebata o contradiga sus dogmas. En el año 2004 realizaron uno de sus habituales movimientos de persecución al disidente/opositor. Coaccionaron al Poder Judicial antes de que se hiciese público el informe preceptivo sobre el proyecto de ley, «manifestándose pacíficamente» ante el Consejo General del Poder Judicial para, según sus canticos: «vamos a quemar este Consejo Judicial por machista y patriarcal».


La delegada del Gobierno no ve un aumento de asesinatos machistas en este año. «Hay que matizar que las cifras de víctimas mortales de este año (36) y de este verano en concreto, por más tristes que sean siempre, no son superiores a las de otros años», y asegura que el trabajo de los grupos parlamentarios mejorará la ley integral en su décimo aniversario. Y ello pese a que según el propio Departamento que dirige Blanca Hernández las muertes por violencia machista este año superan ya a las de 2013 por estas fechas.


La delegada no reconoce que la ley no ha solucionado el supuesto «problema» sino que lo ha agravado. Lejos de ello, nos amenaza con endurecerla aún más eliminando más derechos fundamentales (la presunción de inocencia ya lo está), socavando los cimientos de un Estado de Derecho.


Sirva de ejemplo el reciente intento de linchamiento de un sospechoso de asesinato y el posterior intento de ataque al juez que ha tenido que pedir protección respecto a la turba. No vendría mal hacerles ver «Furia» de Fritz Lang para que aprendiesen parte del abc de los derechos fundamentales.



La Policía carga contra algunos vecinos para evitar el linchamiento del presunto asesino de Berja


La Subdelegación del Gobierno ha proporcionado protección personal al titular del Jugado que llevaba el caso



No olvidemos que según la ley de violencia de género cualquier cosa es violencia y es la propia denunciante quien lo determina. No el perito ni el juez. Esté o no definido como delito en el Código Penal. Es conveniente releer el artículo 153 del Código Penal.



Condenado a un mes por tirarse un pedo delante de su mujer



Todo esto está sustentado en mentiras, datos falsos y «argumentos» feministas tan disparatados como los siguientes:



«El Producto Interior Bruto es masculino». Leire Pajín


«En una sociedad patriarcal, toda relación heterosexual es violación porque las mujeres como grupo no son lo suficientemente fuertes como para dar su consentimiento». Catharine Mackinnon


«Cuando una mujer alcanza el orgasmo con un hombre, ella solo está colaborando con el sistema patriarcal erotizando su propia opresión». Sheila Jeffries



Tiempo es ya de sacar a la luz lo que está realmente detrás de estas leyes aberrantes, sus promotores y defensores. Y el dinero es uno de los motivos más relevantes, sino el que más.


Hay que empezar por fiscalizar el destino de las ingentes sumas de dinero público empleado durante estos años. Sólo el Plan Estratégico de Igualdad de oportunidades 2008-2011 estaba dotado con 3.690.249.738 euros. Esto es, sólo esta partida presupuestaria es el equivalente a 5,8 veces el presupuesto del Ministerio de Trabajo. El Tribunal de Cuentas y la Fiscalía anticorrupción deben hacer su trabajo.



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