(La Vanguardia) El pleno también ha acordado, con los votos a favor del equipo de gobierno (Compromís, PSPV-PSOE y ValC) y con el rechazo de la oposición (PP y C’s), las siguientes medidas: adecuar los honores y protocolos de los entes públicos a la no confesionalidad del Estado; que el Ayuntamiento organizará acto y conmemoraciones únicamente de carácter civil (con la excepción del legado cultural, festivo, patrimonial e histórico).
El texto también contempla garantizar que en los cementerios municipales los familiares puedan celebrar ceremonias y entierros en función de sus creencias y dentro de la legalidad vigente. Además, contempla eliminar la simbología religiosa en los colegios electorales; insta a incorporar progresivamente referencias de carácter civil en el calendario oficial, centros públicos y en el callejero.
Asimismo, la moción apoya un pronunciamiento a favor de la eliminación de las exenciones fiscales de las confesiones y entidades religiosas, que en el caso del IBI, solo se concedería a los inmuebles destinados únicamente al culto o a la asistencia social; instar al Ministerio de Hacienda a que haga público el listado de las inmatriculaciones que se hayan realizado en Valencia en virtud de la Ley Hipotecaria franquista de 1946, relacionadas con propiedades eclesiásticas.
En este sentido, también insta al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a establecer un nuevo marco de relaciones con la Santa Sede. Por último, acuerda la incorporación del Ayuntamiento de Valencia en la Red de Municipios por un Estado Laico.
En la defensa de la moción, el primer teniente de alcalde, Jordi Peris, ha hecho alusión a la Constitución española, que establece que «ninguna confesión tendrá carácter estatal». En esta línea, ha recordado que el laicismo «no es un ataque a ninguna confesión» y ha pedido «no confundir el ámbito público con el privado.
También ha intervenido la portavoz de la asociación Valencia Laica, Raquel Ortiz, quien se ha preguntado «de qué manera puede garantizar» una institución pública la pluralidad religiosa «de las 10.000 que existen en el mundo», a lo que se ha respondido: «Con neutralidad».
El portavoz de Ciudadanos, Fernando Giner, ha resaltado que su partido es «laico» pero ha pedido «tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española, en especial la religión católica» y mantener relaciones con la distintas confesiones «de forma proporcionada a su significación social». Asimismo, ha pedido hacer un «inventario» de la simbología religiosa y que un comité técnico se encargue de hacer las distinciones sobre los legados para que no lo decida «Joan Ribó». Fuentes del gobierno han aclarado que ya existe dicho catálogo, y en el caso de que existiera algún desacuerdo a la hora de clasificar un bien religioso como histórico o no, serían los técnicos del consistorio quienes lo resolverían.
Por su parte, el portavoz del PP, Eusebio Monzó, ha espetado que la moción «divide a los valencianos, no aporta nada positivo y retrocede al pasado, a la Constitución de 1931». Sobre la retirada de la simbología de espacios públicos, ha defendido la «libertad de los que queremos ejercer nuestro derecho en privado y públicamente». «La Iglesia es parte de nuestra historia y de nuestra creencia. ¿A qué neutralidad se refieren?», ha preguntado.
El primer teniente de alcalde cita a Francisco
A ello, Peris le ha replicado con unas declaraciones del Papa Francisco en la revista católica francesa La Croix: «Un Estado debe ser laico. Los estados confesionales terminan mal. Creo que una laicidad acompañada de una sólida ley que garantice la libertad religiosa ofrece un marco para avanzar». «No vamos en contra de ninguna religión, ni a eliminar retablos, ni vamos a prohibir asistir a la iglesia, a la mezquita o a la sinagoga», ha insistido Peris.
Por último, tanto PP como Ciudadanos han planteado la contradicción que a su juicio supone la moción con la celebración de fiestas como la de la Semana Santa Marinera, en la que Pere Fuset será el pregonero este año. Este festejo, sin embargo, quedaría amparado como acto que supone «un legado cultural o festivo y un bien patrimonial e histórico contrastado», contemplado en el texto.
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