Para entender por qué Enrique Estévez ha denunciado a un hospital de Pamplona es necesario sumergirse en la historia de su familia, que entró en los testigos de Jehová a finales de la década de los 70. Una decisión que continuamente ha impuesto los límites del mundo que ellos tenían permiso para conocer y que, cuando su madre Rafaela enfermó, también vetó los cuidados médicos que la mantenían con vida. Lo cuenta Guillem Sànchez en El Periódico.
Rafaela Bueno (Córdoba, 1951) dejó el colegio a los 8 años para trabajar en el campo. Emigró a Cataluña, donde alternó el oficio de costurera con el de ama de casa. Se casó y tuvo tres hijos. A los 24 años comenzó a frecuentar la Congregación Oeste de los Testigos en Terrassa. “Era una mujer humilde, muy divertida y que nos quería con locura”, recuerda Enrique. “Ella no era una fanática. Iba los fines de semana a la congregación porque quería ver a sus amigas y porque le gustaba escuchar cómo hablaban de Dios”.
“Lo que voy a hacer ahora no lo hago por dinero. Y tengo pocas esperanzas de que sirva de algo. Sé que no me va a compensar. Pero es de justicia. Porque mi madre, por enferma que estuviera, tenía derecho a decidir qué quería hacer con su vida. Y los testigos de Jehová le arrebataron ese derecho”, explica Enrique.
Rafela falleció el 9 de noviembre de 2014, después de que se “interrumpieran las transfusiones de sangre” y se “apagara la máquina de diálisis”. El problema es que cuando se tomó esa decisión, a las 13 horas del 7 de noviembre, Rafaela estaba sedada y nadie avisó a su hijo, que cuando regresó al hospital descubrió que su madre había muerto y que su cuerpo, además, ya había sido incinerado. “Mi hermana y su marido habían revelado en la congregación que mi madre estaba recibiendo sangre. Al contarlo, impidieron que eso se hubiera quedado dentro de la familia y activaron una maquinaria que ya nadie podía detener”.Los testigos de Jehová y la sangre
Con más de ocho millones de seguidores, las sucursales de los testigos de Jehová existentes en países de todo el mundo obedecen escrupulosamente las órdenes que llegan desde la WatchTower Society, la corporación empresarial que dirige la secta desde Nueva York.
El portavoz de la sede nacional española, Aníbal Matos, explica que para cualquier miembro “la sangre es la vida” y recibir una transfusión de otra persona implicaría apartarse de los designios de Jehová (Dios) porque así lo dice la Biblia: “Levítico 17:11. Porque el alma de la carne está en la sangre, y yo mismo la he puesto sobre el altar para ustedes para hacer expiación por sus almas” y “Hechos 15:20. Dios ha ordenado a los cristianos ‘que se abstengan […] de la sangre’, el mismo mandato que le dio a Noé”.
Para un testigo recibir una transfusión de sangre es exponerse a ser expulsado de su congregación. Según el libro Pastoreen el rebaño, si el comité judicial –la justicia interna y paralela a la regular que rige a sus miembros– considera que se ha arrepentido, sólo será castigado y recibirá ayuda espiritual pero podrá seguir dentro de la comunidad.
El drama de la “desasociación”
Pero si el tribunal estima lo contrario, “debe anunciar su desasociación”. Esta palabra es un “eufemismo”, aclaran anónimamente otros testigos, que usa la organización desde que tomó consciencia de que “expulsar por transfusiones de sangre les daba mala prensa”. En 1994 llegó a los tribunales españoles el caso de un menor de 15 años fallecido en Huesca al rechazar sus padres, testigos de Jehová, una transfusión.
Ser expulsado –o desasociado– de los Testigos implica ser condenado a la soledad más estricta. Porque supone que cónyuges, padres, hermanos o hijos han de cortar la relación con el expulsado. Este mecanismo funciona como una fuerza coactiva que provoca que cualquier testigo acate las normas para evitar la expulsión, porque entonces –según sus creencias– ya no resucitará en el paraíso y, además, tendrá que empezar desde cero, y en solitario, una nueva vida en el mundo exterior, “con los mundanos”, con quienes hasta entonces apenas ha mantenido relación. Por eso, aunque en España es una confesión religiosa de notorio arraigo, diversos expertos la consideran una secta y ha sido prohibida en algunos países como Rusia.
Juan Bourgon, ex testigo de Santander, presentó en abril de 2017 en Inspección Sanitaria de Cantabria un informe para denunciar la existencia de los Comités de Enlace con los Hospitales, representantes de la secta que entregan en los centros médicos una lista con los nombres de los miembros que no deben ser tratados con sangre, para que valorasen si vulneraba la Ley Orgánica de Protección de Datos. Todavía no ha recibido ninguna respuesta.
Así murió Rafaela
El tratamiento de Rafaela se interrumpió el 7 de noviembre a las 13 horas. Una hora antes, Enrique había insistido a la doctora que la atendía en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) que las transfusiones debían mantenerse en su ausencia –estaría fuera unos días–. Sin embargo, su hermana, en compañía de dos ancianos –nombre que reciben los dirigentes de las congregaciones–, “se personaron en el hospital y presionaron a la médico”, que cedió e interrumpió el tratamiento con sangre. “Por eso murió”.
“Los testigos no querían matar a mi madre, pero son fanáticos que prefieren morir antes que pecar ante Jehová y que creen que así salvaron su alma”, lamenta Enrique, que asume que tras la publicación de esta noticia será expulsado.
De nuevo en los tribunales
Enrique, en 2017, denunció a su hermana por estos hechos en el juzgado de instrucción 1 de Pamplona, que archivó el caso. Sin embargo, ayer, 17 de enero, el abogado Carlos Bardavío Antón ha redactado una nueva querella contra la doctora que interrumpió el tratamiento. Experto en organizaciones como los testigos –defendió en la Universidad de Sevilla la tesis doctoral Las sectas en derecho penal. Estudio dogmático de los delitos sectarios (Bosch Editor, Barcelona, 2018)– Bardavío aclara que el objetivo es reabrir el caso porque no se actuó correctamente.
Se ha encontrado un testigo que revela que estuvo presente cuando Enrique afirmó a la médico responsable que consentía que se siguieran con las trasfusiones de sangre y de hemoderivados a su madre, a pesar de la negativa de la hermana, por lo que dicha médico debió actuar en “beneficio de la vida”, y en todo caso, “acudir a la autoridad judicial al existir una discrepancia de tratamiento de los familiares directos de la paciente”, aclara el letrado.
Rafaela no había firmado el documento de “instrucciones previas” que especifica cómo deben actuar los médicos en caso de atenderla estando inconsciente. No lo había hecho a pesar de que la mayoría de los testigos, instados por los dirigentes de sus congregaciones, sí lo hacen. Bardavío pone la lupa sobre el hospital porque entiende que se ignoraron evidencias de que la mujer quería esa sangre, dado que meses antes –en el mismo hospital– había recibido hemoderivados y años atrás –en otro centro– transfusiones de sangre.
Contactados por este medio, los responsables del centro médico han declinado hacer ninguna valoración porque “desconocen el caso” y todavía no tienen constancia de la querella. Por parte de los testigos de Jehová, su portavoz, Aníbal Matos, niega que la organización presione a las familias y cuestiona que se interrumpiera un tratamiento ya comenzado.
Una organización hermética
La organización de los testigos de Jehová fue investigada hace dos años por la Guardia Civil a raíz del trabajo de El Periódico sobre la ocultación de abusos sexuales a menores. El caso se judicializó y archivó por la prescripción de los delitos. También fue objeto de interés de los Mossos d’Esquadra (la policía autonómica catalana) a raíz del caso publicado por este diario sobre Miguel García, testigo que denunció públicamente la existencia del sistema judicial paralelo que oprime a sus miembros.
La expulsión de sus miembros por estos comités judiciales internos, y por razones como el adulterio o ser homosexual, es una forma de control cargada de “violencia emocional”, en palabras del periodista americano Trey Bundy, que lleva años ahondando en el hermetismo de una secta condenada en Estados Unidos por negarse a entregar la base de datos en la que guardan bajo llave todos los casos de pederastia.
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