Cáritas Internationalis y el Servicio Jesuita a Refugiados (JRS) urgen a abordar cambios concretos en el Sistema de Naciones Unidas así como un claro compromiso por parte de los Gobiernos y los actores clave tanto en el sector público como en el privado para asegurar la protección de las personas migrantes y refugiadas.
En una declaración conjunta ante la cumbre sin precedentes sobre las personas migrantes y refugiadas que organiza las Naciones Unidas en Nueva York el próximo 19 de septiembre, las dos redes mundiales de Cáritas y JRS reclaman la máxima prioridad para satisfacer las necesidades de protección, particularmente de mujeres y niños. Esto significa, en respuesta a las necesidades de las personas migrantes y refugiadas, garantizar sus Derechos Humanos así como el pleno respeto del derecho internacional sobre personas refugiadas.
El secretario general de Cáritas Internationalis, Michel Roy, asegura que «el desafío que plantea la crisis de solidaridad en respuesta a los movimientos de la migración es masivo y la comunidad internacional se está esforzando para encontrar una respuesta a largo plazo. Pero este reto supone una oportunidad única para revisar el sistema y elaborar un plan para mejorar la respuesta internacional».
La Guerra, la desigualdad, la pobreza, el cambio climático… han expulsado de sus hogares, a fecha de hoy, a más gente que nunca antes desde la fundación de la ONU: son más 65 millones de desplazados forzosos en todo el mundo, incluyendo más 21 millones de refugiados, 3 millones de solicitantes de asilo y más de 40 millones de desplazados internos.
Todos los Estados miembros de Naciones Unidas deben adoptar compromisos claros para proteger y garantizar esos derechos y que esos compromisos se traduzcan rápidamente en políticas que corrijan las existentes y que son incapaces de proteger a las personas. Que la migración sea una opción y no una necesidad debe asegurarse mediante políticas migratorias responsables dentro del marco acordado previamente de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Los Estados deben dar cobertura tanto a las necesidades básicas de las personas migrantes y refugiadas que viven fuera de los campamentos como a sus necesidades a largo plazo apoyando procesos de formación y empleo para acceder a medios de vida sostenibles
A nivel local e internacional, la lucha contra la trata de seres humanos deber ser una prioridad tanto en los programas de emergencia como en la acción a largo plazo.
Instamos a las Naciones Unidas a revisar sus estructuras actuales, evaluar las ventajas comparativas de todos los actores, y definir más claramente su papel de coordinación y el de la sociedad civil como actores de desarrollo. También llamamos a la transparencia de las prácticas de financiación.
Además, queremos realizar un llamamiento a los países desarrollados para que no usen la ayuda al desarrollo para financiar los costes de la acogida a las personas refugiadas dentro de sus fronteras. Pedimos a todos los países que dejen de condicionar la cooperación al Desarrollo al control de flujos migratorios.
Denunciamos públicamente nuestro rechazo a las expulsiones y devoluciones forzosas de personas, así como la reformulación o reinterpretación del derecho humanitario internacional sobre refugiados para evitar que las personas soliciten refugio o para facilitar que sean retornadas.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional a compartir la responsabilidad de proporcionar protección a las personas que huyen de sus hogares evitando que algunos países carguen sobre sus hombros todo este peso por su propia cuenta.
Consideramos la Cumbre de Jefes de Estado del 19 de septiembre como una oportunidad histórica para fortalecer la respuesta a las migraciones internacionales creando un sistema capaz de proteger los derechos y responder a las necesidades de los grandes movimientos de refugiados y migrantes.
Publicar un comentario