(Ecclesia.pt/InfoCatólica) El Presidente de la República de Portugal, católico practicante, vetó ayer la ley de eutanasia, aprobada por el Parlamento el 5 de noviembre, y pide aclaraciones sobre «lo que parecen ser contradicciones» en el texto.
Según un comunicado publicado en la página web de la Presidencia de la República, Marcelo Rebelo de Sousa pide dos aclaraciones sobre «cuestiones que han surgido sólo en esta versión de la ley».
«El decreto mantiene, en una norma, el requisito de 'enfermedad mortal' para el permiso de anticipación de la muerte, que venía de la primera versión del título. Pero, la extiende, en otra norma, a la 'enfermedad incurable' aunque no sea mortal, y, en otra más, a la 'enfermedad grave'», dice el comunicado, que añade que el Presidente de la República «pide al Parlamento que aclare si se exige 'enfermedad mortal', si sólo 'incurable', si sólo 'grave'».
Marcelo Rebelo de Sousa también pide a la Asamblea de la República que indique las razones de un «cambio considerable en la ponderación de los valores de la vida y la libre autodeterminación».
«El cambio que se produjo, en unos nueve meses, entre la primera versión de la ley y la actual, que corresponde a un cambio considerable en la ponderación de los valores de la vida y la libre autodeterminación, en el contexto de la sociedad portuguesa», dice el comunicado.
A principios de noviembre, el Parlamento portugués revisó y aprobó el decreto sobre la legalización de la eutanasia, tras el veto por inconstitucionalidad del Presidente de la República, en marzo, a la primera versión del decreto, aprobada a finales de enero en el Parlamento. Un veto que fue ratificado por el Tribunal Constitucional portugués.
Tras la aprobación del Decreto del Parlamento nº 199/XIV, de 5 de noviembre de 2021, que «regula las condiciones de no punibilidad de la muerte médicamente asistida y modifica el Código Penal», la Conferencia Episcopal Portuguesa (CEP) pidió la intervención de las «más altas instancias» del país para frenar la legislación aprobada por el Parlamento.
«Esperando que las más altas instancias del país se pronuncien de acuerdo con las prerrogativas constitucionales de que disponen, la Iglesia seguirá haciendo todo lo posible para defender la vida humana y luchar por la generalización cada vez mayor de los cuidados paliativos a los que tiene derecho cualquier ciudadano», reza el comunicado final de la 201ª Asamblea Plenaria de la CEP, que se celebró en Fátima entre el 8 y el 11 de noviembre.
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