(AsiaNews) Las organizaciones de la sociedad civil paquistaní reciben con favor la creación parlamentaria para la protección de las conversiones forzadas. El comité nace por iniciativa de los presidentes del Senado y la Asamblea nacional y fue aprobado el 21 de noviembre. Según Peter Jacob, director ejecutivo del Centre for Social Justice (CSJ), «La iniciativa es un desarrollo alentador. Estamos listos para dar asistencia a la nueva comisión. Queremos apoyar la libertad de religión y de fe en todos los modos posibles».
Desde hace años las asociaciones que defienden los derechos humanos en Pakistán piden una ley que castigue los raptos de las jóvenes, sobre todo de las minorías religiosas cristiana e hindú. Las jóvenes pertenecientes a los grupos minoritarios sufren de hecho frecuentes molestias y abusos. En diversos casos la persecución termina en el rapto verdadero y propio para satisfacer los deseos de hombres musulmanes mucho más ancianos que las jóvenes. Estas últimas son humilladas, de frecuente violadas, al final obligadas a convertirse al islam y a casarse con quien la raptó o quien pidió el secuestro.
El director ejecutivo del CSJ espera que «el comité emita recomendaciones significativas y precisas, comprendido el progreso hacia la legislación pendiente para frenar las conversiones religiosas impuestas, forzadas y no éticas, que coinciden al mismo modo con odiosos matrimonios forzados contra la voluntad de las mujeres de las minorías. Durante la adolescencia las muchachas menores afrontan amenazas y violencia, raptos y violaciones con el pretexto de la conversión al islam».
Según Jacob, los nombres de aquellos que llevan adelante el comercio de mujeres son conocidos por las autoridades. «Estas así llamadas personalidades religiosas-prosigue- compilan certificados de conversiones sin bases legales. Por esto la ley debe realizar su curso». El Centre for Social Justice, en colaboración con la Comisión popular por los derechos de las minorías, relevó 159 casos sucedidos entre 2013 y 2019, otras 16 jóvenes se dirigieron a la Suprema corte de Sindh en busca de apoyo contra los matrimonios forzados. La Corte suprema de Lahore ordenó la transferencia de la custodia de una joven cristiana de nombre Charlotte, obligada a casarse y convertida contra su voluntad en abril de 2019.
En 2017 la Asamblea nacional aprobó la Criminal Law (amendment) Act IV que rendía el matrimonio forzado con una mujer no musulmana un delito punible de 5 a 7 años de cárcel, además de pagar una multa. Sin embargo la ley decayó sin la aprobación del Senado. La nueva Comisión parlamentaria tendrá a su disposición los resultados de una investigación iniciada después de la revelación del tráfico de esposas desde Pakistán a China. Peter Jacob subraya: «Las conversiones forzadas son un abuso de la religión y de la ley y necesitan ser contrastadas».
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