(ACI Prensa) Sadie Morgan, Presidenta de Médicos por la Vida en Costa Rica, señaló que el apoyo público de los diputados a la marcha «A la Vida digo Sí», es una acción valiente, que muestra que solo con autoridades que defiendan la vida desde su inicio a su fin natural, se podrá «generar leyes tendientes a mejorar y respetar la vida humana».
El 27 de noviembre, 30 diputados de Costa Rica colgaron pancartas en sus curules mostraron su apoyo a la marcha provida «A la Vida digo Sí».
Esta primera marcha organizada por el «Frente Nacional por la Vida», se celebrará este 1 de diciembre, y exige al presidente Carlos Alvarado que no firme la norma técnica que regularía la práctica del aborto.
La diputada Shirley Díaz de la Unidad Social Cristiana (PUSC) expuso al semanario Eco Católico que «el gobierno excede sus facultades e incurre en una intromisión de poderes. ̏La vida humana es un derecho fundamental de primera generación que únicamente la compete al parlamento regularlo˝».
Díaz agregó que «legalmente no existen delitos que tengan algún tipo de excepción y estén regulados por medio de un decreto presidencial».
«Es como que un homicidio tenga un protocolo, no se puede», señaló. Aseguró que «además de estos 30 diputados hay otros congresistas que están en contra de la firma de la norma técnica».
Sadie Morgan comentó en una entrevista a ACI Prensa que en Costa Rica la asamblea legislativa es la única institución gubernamental que actualmente defiende abiertamente «lo que dice nuestra legislación, que ̏la vida humana es inviolable˝» y que protege los derechos de los niños desde la concepción.
«Los grupos civiles hemos encontrado en estos valientes diputados el apoyo para la defensa de la vida de todos los costarricenses» señaló Morgan.
La médico resaltó la importancia del apoyo de los diputados, pues «solo el poder legislativo tiene la potestad de legislar en torno a la vida».
«Solo diputados que comprendan el sustento médico, legal y científico del inicio de la vida y de su fin natural, la muerte no provocada, serán capaces de generar leyes tendientes a mejorar y respetar la vida humana y no a querer eliminarla», concluyó Morgan.
Aborto impune en Costa Rica
Morgan señaló que en Costa Rica «no existe una ley que regule o permita el aborto impune. Lo que existe es un artículo del Código Penal que exime de cumplir una pena a aquel médico que haya realizado un aborto, si se comprueba que no se podía salvar a la madre por otros medios».
El artículo 121 del Código Penal despenalizó el aborto en Costa Rica en 1970, al estipular que «no es punible el aborto practicado con consentimiento de la mujer por un médico o por una obstétrica autorizada, cuando no hubiere sido posible la intervención del primero, si se ha hecho con el fin de evitar un peligro para la vida o la salud de la madre y este no ha podido ser evitado por otros medios».
«Al ser un Código Penal, no está sujeto a ser reglamentado, por lo tanto es ilegal generar una norma sobre este artículo, que desnaturalice su aplicación», aclaró Morgan, sobre el pedido de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de crear una norma técnica para la aplicación del artículo 121.
Frente a esta irregularidad, Médicos por la Vida presentó un manifiesto el 11 de noviembre para «dejar por escrito en un solo documento lo que ya hemos advertido en distintos foros en cuanto a los intentos de introducir el aborto, la terminación de la vida de un ser humano en gestación, como si fuera un derecho humano», comentó Morgan.
Esta asociación conformada por médicos generales y especialistas se apega al artículo primero del Código de Ética Médica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa Rica, que señala que «la defensa de la vida en todas sus manifestaciones, constituye la esencia espiritual y científica de la medicina», presentando un manifiesto de 11 puntos.
El plazo autoimpuesto por el gobierno para aprobar y firmar por el presidente la norma técnica vence este 2019.
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