El terremoto ha venido de donde menos se podía esperar. Las declaraciones a Catalunya Radio del secretario adjunto de la Comisión Teológica Internacional (órgano asesor de la Santa Sede en cuestiones doctrinales) en torno al debate sobre la secesión, han provocado una dura reacción del cardenal Antonio Cañizares, que las ha considerado graves y lamentables y ha exigido su inmediata rectificación.
El sacerdote polaco Krzysztof Charamsa afirmó que «la Doctrina Social de la Iglesia defiende el derecho a la autodeterminación de los pueblos como parte de los derechos del hombre, y que el más importante derecho de las naciones es el de la independencia». Pero no contento con eso, al referirse a la posición expresada por la CEE sobre ese problema, afirmó que «cuando se dice que la unidad de España es un bien moral, me preocupa mucho esa afirmación porque un análisis teológico plantea muchísimas dificultades, si es que no debe decirse claramente que es falsa, a la luz de la Doctrina Social de la Iglesia».
El suceso tiene algún aspecto rocambolesco. ¿Qué hace un cargo directivo de la CTI condenando públicamente un pronunciamiento de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal del país en el que es invitado a intervenir? Pero es que además, al susodicho le falta el elemental rigor que cabe esperar de su elevada función, porque la Instrucción Pastoral «Orientaciones Morales ante la situación actual de España», de noviembre de 2006, nunca definió «la unidad de España como bien moral», sino que realizó un juicio histórico muy ponderado sobre los bienes que ha reportado a lo largo de los siglos la unidad cultural y espiritual de todos los pueblos de España, reconociendo además que, en principio, es legítimo pretender modificar dicha unidad por cauces democráticos, aunque para ello sería necesario justificar razonablemente esa ruptura en referencia al bien común de todas las poblaciones afectadas.
La verdad es que el suceso puede tener una consecuencia benéfica: desempolvar un documento episcopal sólido y bien articulado, aprobado por una inmensa mayoría de los obispos españoles, en el momento en que más oportuno puede resultar. A veces se escucha la queja en ámbitos eclesiales de que muchos documentos quedan inmediatamente «archivados». Pues sería absurdo que precisamente ahora, cuando se debate sobre el intento de secesión de Cataluña promovido por algunos sectores políticos y sociales, los católicos españoles ignorásemos (o mirásemos para otro lado) los epígrafes 70-76 del mencionado documento, que fueron escritos precisamente en previsión de la situación que ahora nos toca vivir. Curiosamente apenas se oyen citar estos días, lo cual da que pensar.
Como justamente ha reprochado el cardenal Cañizares a este teólogo polaco, la CEE matizó muy bien su pronunciamiento, huyendo de cualquier esencialismo o de canonizar una determinada forma jurídico-política. Muy al contrario, el documento se expresa con gran realismo y prudencia al contemplar el largo proceso de siglos (que no fue lineal ni siempre pacífico, claro está) que ha dado lugar a una «unidad cultural básica de los pueblos de España», que a través de diversas vicisitudes ha buscado una cierta configuración política. En esa línea, los obispos aclaraban que «ninguna fórmula política tiene carácter absoluto», al igual que ningún cambio que se proponga en ese campo va a ser la varita mágica que resuelva todos los problemas.
Lo que los obispos españoles advirtieron es que ante una encrucijada como la actual, todos deben «pensar y actuar con la máxima responsabilidad y rectitud, respetando la verdad de los hechos y de la historia, considerando los bienes de la unidad y de la convivencia de siglos y guiándose por criterios de solidaridad y de respeto hacia el bien de los demás».
El cardenal Cañizares ha devuelto la pelota a Roma, pidiendo a la Congregación para la Doctrina de la Fe (a la que está vinculada la CTI) que se pronuncie sobre el supuesto derecho a la secesión, que a su juicio «no es realmente admitido por la Doctrina Social de la Iglesia». Y de paso, ha elevado el tono para pedir que, en medio de la actual barahúnda, no se intente meter de matute a la Santa Sede en el debate sobre la secesión, refiriéndose a algunos firmantes de un manifiesto pro-independencia que se han presentado como miembros de algunos organismos vaticanos.
Repito que la polémica puede tener un efecto saludable: que nos acordemos de esas páginas que pertenecen al patrimonio de enseñanzas de nuestra Conferencia Episcopal y ofrecen una luz serena para alumbrar este momento lleno de confusión. Y me permito dejar sobre la mesa esta pregunta que entonces planteaban los obispos: «si la coexistencia cultural y política, largamente prolongada, ha producido un entramado de múltiples relaciones familiares, profesionales e intelectuales, económicas, religiosas y políticas de todo género, ¿qué razones actuales hay que justifiquen la ruptura de estos vínculos?». Grave pregunta, también para los católicos.
José Luis Restán
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