El lobby laicista pide sacar la religión de la escuela pública y del Pacto Educativo

(EP) Los manifestantes piden la denuncia y derogación de los Acuerdos con la Santa Sede así como con musulmanes, judíos y evangélicos.

«La finalidad es decirles alto y claro que si no se denuncian y cancelan los Acuerdos con la Santa Sede, y con otras religiones minoritarias, de dar religión en las escuelas, hace difícil que haya un Pacto por la Educación donde toda la ciudadanía esté implicada», ha subrayado en declaraciones a Europa Press el presidente de Europa Laica, Francisco Delgado.

La concentración, organizada por Europa Laica y el resto de organizaciones que respaldan la campaña Por una Escuela pública y laica. Religión fuera de la Escuela, coincide con la elaboración en el Congreso de propuestas por un Pacto Educativo y ha contado con la presencia de algunos diputados como Joan Tardà de Esquerra Republicana.

Para los impulsores de la campaña, de mantenerse los Acuerdos firmados en 1979 con la Santa Sede será «imposible establecer un Pacto para una nueva ley educativa que respete los principios democráticos y laicos que debe revestir el sistema educativo».

Para conseguir su objetivo, han lanzado una recogida de firmas, que ya ha recabado unos 48.000 apoyos, que dirigirán al Congreso y a los grupos parlamentarios para solicitar la derogación de estos acuerdos. Entre las personalidades que apoyan la campaña, cuyos nombres aparecen en la web www.laicismo.org, se encuentran el excoordinador de IU Confederal Cayo Lara, el portavoz de Izquierda Unida en la asamblea del Principado de Asturias, Gaspar Llamazares, casi una decena de diputados de Unidos Podemos, escritores, profesores universitarios y un filósofo.

Lo que dice la Constitución

La Constitución española recoge el derecho de los padres a que sus hijos sean educados conforme a sus valores religiosos y morales. Así reza el articulo 27.3

3. Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.

Igualmente, la Constitución pide tener en cuenta las creencias religiosas de la sociedad. Artículo 16.3

3. Ninguna confesión tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.

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