(Actuall/InfoCatólica) El Código de Familia panameño zanja la cuestión estableciendo que el matrimonio es la unión entre hombre y mujer, pero dos recursos de inconstitucionalidad tratan de derribarlo, y hasta el presidente Varela se muestra favorable.
El caso de Panamá y el matrimonio gay es un claro ejemplo del enfrentamiento entre las élites y el pueblo. Las primeras tratan de imponer lo que va contra las leyes y el sentido común; y la ciudadanía se rebela frente a la ingeniería social.
El debate sobre el matrimonio gay ha llegado al país del istmo, uno de los que aún quedan en América donde la unión conyugal solo es entre hombre y mujer. Así lo establece el artículo 26 del Código de Familia.
Además, y desde 2013, se prohíbe expresamente el mal llamado «matrimonio» gay y se señala que no se reconocerán en el país uniones similares realizadas en el extranjero.
El artículo 40 de la ley señala expresamente que «se prohíbe el matrimonio entre individuos del mismo sexo».
Coincide el ordenamiento jurídico con el sentir mayoritario de la población. El 78% de los ciudadanos de Panamá está en contra de la unión civil entre personas del mismo sexo, según la encuesta de Dichter & Neira.
Pero determinados políticos tratan de aplicar la ingeniería social para introducir la ideología de género en el seno de la familia.
Por un lado, están en marcha dos demandas por inconstitucionalidad del artículo 26 del Código de la Familia.
El segundo recurso, que fue presentado el 24 de marzo, refuerza otro, pendiente de fallo, interpuesto en octubre de 2016, con el mismo propósito.
Los dos recursos legales que exigen la aprobación de este reconocimiento están en manos de los magistrados Luis Ramón Fábrega, el primero, y Abel Zamorano, el segundo.
Y por otro lado, el presidente panameño Juan Carlos Varela y su entorno presionan a favor del «gaymonio».
Varela se ha mostrado favorable a los «derechos civiles» de las parejas homosexuales: «Que le permitan ver temas patrimoniales, poder heredarse, poder compartir sus bienes» ha declarado, a pesar de que eso mismo se puede hacer sin ningún problema en un pacto privado ante notario.
Además, la Primera Dama, Lorena Castillo García de Varela, ha anunciado que acudirá a la Marcha del «orgullo gay»: «Para mí, es un honor porque envía ese mensaje de Cero Discriminación y de que todos somos iguales».
Y la vicepresidenta, Isabel Saint Malo, también se ha sumado a la campaña de apología del «gaymonio», como decía en un tuit:
«Todos debemos tener opción de unir nuestra vida a un ser querido. La orientación sexual no se escoge, se nace con ella».
Algunos políticos y el lobby LGTB consideran que el art. 26 del Código de Familia resulta discriminatorio.
Pero el derecho y el sentido común avalan a quienes apuestan por la familia y el papel insustituible que tiene para asegurar el relevo generacional y dar cohesión social a un país.
No se puede olvidar que el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo dejó bien claro en 2016 que el «matrimonio» de personas del mismo sexo no es un derecho.
El artículo 12 del Convenio consagra «el concepto tradicional del matrimonio como la unión de un hombre y de una mujer» y no impone a los gobiernos la «obligación de abrir el matrimonio a las personas del mismo sexo».
Por si fuera poco, la Constitución panameña también consagra en el art. 35 el respeto a la moral cristiana.
Enseñanza de la Iglesia Católica sobre la regulación de las uniones homosexuales
La Congregación para la Doctrina de la Fe en un documento titulado «Consideraciones acerca de los proyectos de reconocimiento legal de las uniones entre personas homosexuales» enseña:
«La Iglesia enseña que el respeto hacia las personas homosexuales no puede en modo alguno llevar a la aprobación del comportamiento homosexual ni a la legalización de las uniones homosexuales. El bien común exige que las leyes reconozcan, favorezcan y protejan la unión matrimonial como base de la familia, célula primaria de la sociedad. Reconocer legalmente las uniones homosexuales o equipararlas al matrimonio, significaría no solamente aprobar un comportamiento desviado y convertirlo en un modelo para la sociedad actual, sino también ofuscar valores fundamentales que pertenecen al patrimonio común de la humanidad. La Iglesia no puede dejar de defender tales valores, para el bien de los hombres y de toda la sociedad.»
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