(InfoCatólica) El 20 de octubre, un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Circuito del Distrito de Columbia se negó a ordenar al gobierno federal que permitiera abortar a la adolescente embarazada bajo custodia. En cambio, el tribunal le dio al Departamento de Salud y Servicios Humanos hasta el 31 de octubre para encontrar a alguien que se haga cargo de la muchacha.
Dos días antes, un juez federal dictaminó que la adolescente tenía derecho a abortar, pero el caso se trasladó a un tribunal federal de apelaciones ya que la administración Trump argumentó que el gobierno no está obligado a facilitar el aborto para alguien que está en el país sin documentos legales.
Los abogados de la ACLU, que representa a la adolescente conocida como Jane Doe, dijeron que estaban decepcionados con el fallo del tribunal de apelaciones, y agregaron que encontrar un cuidador o familia de acogida a menudo es un proceso largo que implica una investigación exhaustiva. Han presentado una demanda colectiva argumentando que la política del gobierno en contra de permitir abortos para mujeres bajo su custodia es inconstitucional.
Reacción de los obispos
«Los funcionarios del estado federal y de Texas deben ser elogiados por defender la vida de un niño por nacer inocente en un caso reciente que involucra a una menor embarazada no acompañada en la custodia federal de inmigración», dijeron los obispos católicos de Texas.
En una declaración del 20 de octubre emitida por la Conferencia Católica de Texas en Austin, dijeron que si el fallo del juez del 18 de octubre no se cambiaba, «requeriría que el gobierno facilitara y participara en poner fin a la vida inocente del niño por nacer, contradiciendo la promesa histórica de nuestra nación de servir como un faro de esperanza para todos ».
La joven de 17 años, natural de un país de Centroamérica no indicado, está bajo custodia federal en un refugio en Brownsville. Ingresó a los Estados Unidos en septiembre y está en su decimoquinta semana de embarazo. Texas prohíbe la mayoría de los abortos después de 20 semanas.
Una declaración de la Casa Blanca dijo que la administración Trump «está lista para acelerar su regreso a su país de origen». Funcionarios federales han dicho que la adolescente podría abandonar voluntariamente el país o encontrar un patrocinador en los Estados Unidos para tomarla bajo su custodia.
La ACLU argumenta que bajo el fallo de la Corte Suprema de 1973 en Roe v. Wade, la adolescente inmigrante tiene derecho a tener un aborto que pagaría.
Los obispos de Texas dijeron que la postura de ACLU - «obligar a otros a realizar, facilitar o pagar el aborto que no desean hacerlo» - es inconcebible. «Nadie - el gobierno, los individuos u organizaciones privadas - debería ser forzado a ser cómplice en el aborto», dijeron.
También señalaron que la Iglesia Católica en Texas ha proporcionado asistencia y refugio a menores inmigrantes no acompañados, refugiados y madres embarazadas durante décadas.
«Como este caso continúa a través del proceso legal, rezamos por esta joven madre y su hijo por nacer, para que ambos puedan disfrutar de la protección y el refugio que ofrece Estados Unidos», dijeron los obispos.
Los fiscales generales de nueve estados, incluidos Texas, Misuri y Ohio, respaldaron al gobierno federal en su apelación, afirmando que no existe un «derecho constitucional al aborto a demanda».
Con información de Crux
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