La Policía brasileña desarticuló ayer, 17 de agosto, una secta acusada de someter a sus fieles a condiciones análogas a la esclavitud y que acumuló una fortuna de cerca de 100 millones de reales (unos 28,6 millones de dólares) de donaciones de sus seguidores, informaron fuentes oficiales, de las que da cuenta la agencia Efe.
Al menos seis personas fueron arrestadas en una operación para desarticular esta organización criminal «que utilizaba una secta religiosa para apoderarse del patrimonio de sus fieles, a los que sometía a trabajos forzados como si fueran esclavos», según un comunicado de la Policía Federal. El grupo actuaba en tres estados diferentes de Brasil mediante una secta conocida como «Comunidad evangélica Jesús, la verdad que marca».
Además de arrestar a los supuestos dirigentes de la organización y de llevar a comisaría a otras 47 personas para que presten testimonio, los cerca de 190 agentes de la Policía Federal que participaron en la operación bautizada «De regreso a Canaán» ocuparon numerosas propiedades y bienes embargados por la Justicia.
El juez que ordenó la operación embargó al menos setenta inmuebles, vehículos y cuentas bancarias supuestamente adquiridos con el dinero recaudado de los fieles, a los que se convencía de que donaran todos sus bienes. «Los fieles, al ingresar en la secta, eran convencidos de que donaran sus bienes con el argumento de que convivirían en una comunidad en donde todo sería de todos y, enseguida, obligados a trabajar sin recibir nada a cambio», dice el comunicado.
Según los responsables por la investigación, los líderes de la secta obligaban a los fieles a trabajar en condiciones precarias en las haciendas en que vivían y donde realizaban sus ritos religiosos, sin ningún tipo de remuneración, y se enriquecían con la producción procedente de esas propiedades.En 2006 la secta contaba con cerca de 800 seguidores que trabajaban en cinco haciendas en el estado de Minas Gerais, en el sureste, en comunidades que se decían sin fines lucrativos pero que, según la Policía, actuaban como empresas comerciales. La operación policial se realizó en propiedades de siete ciudades de Minas Gerais y en cuatro pequeñas poblaciones del estado de Bahía, así como en la ciudad de Sao Paulo. Los integrantes de la organización serán acusados de los delitos de someter a personas a condición análoga a la esclavitud, tráfico de personas, estafa, asociación para delinquir, falsificación y lavado de dinero.
Las actividades de la secta comenzaron a investigarse en 2011 y el grupo fue el objetivo de una primera operación de la Policía Federal en 2013, cuando fiscales del Ministerio de Trabajo inspeccionaron las propiedades rurales para verificar denuncias de trabajo esclavo. En la época fueron arrestados dos dirigentes de la secta acusados de haberse apropiado de los subsidios sociales del Gobierno concedidos mensualmente a fieles del grupo, así como de sus jubilaciones.
En la operación de 2013, sin embargo, los fiscales no encontraron pruebas de que los fieles eran sometidos a trabajo esclavo.
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