(AEAC/InfoCatólica) La legislación para la colocación de anuncios de fármacos sujetos a prescripción médica es tremendamente estricta y no permite que expongan en publicaciones que no estén exclusivamente dirigidas a prescriptores o dispensadores de fármacos (artículo 78 de la ley 29/2006 de 29 de julio, artículos 15.2 y 15.4 del Real Decreto 1416/1994, de 25 de junio, por el que se regula la publicidad de los medicamentos de uso humano y artículo 7.2 del RD 1907/1996, de 2 de agosto, sobre publicidad y promoción comercial de productos, actividades o servicios con pretendida finalidad sanitaria).
Sin embargo, La Federación de Planificación Familiar Estatal, delegación de Planned Parenthood Internacional en España, publicó ilegalmente más de 25 anuncios de fármacos, en su mayoría anticonceptivos, en más de 18 publicaciones durante los últimos 7 años.
Denuncia de la Asociación Española de Abogados Cristianos
La investigación del caso parte de una denuncia realizada ante la Consejería de Sanidad de Madrid el pasado 21 de agosto por la Asociación Española de Abogados Cristianos y que ha sido respaldada por más de 3.000 ciudadanos en la plataforma Change.Org.
El Consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martos, aseguró ayer en Twitter estar «estudiando el tema en profundidad con el Ministerio de Sanidad». Ante una avalancha de ciudadanos que le pedían contundencia en la sanción a la delegación de Planned Parenthood en España el Consejero señaló «estamos estudiando el tema de la publicidad de @fpfong y en cuanto dispongamos del resultado les informaré puntualmente».
Las últimas semanas Planned Parenthood ha sido protagonista en Estados Unidos de una fortísima polémica que le ha llevado a que 5 estados le hayan retirado cualquier tipo de subvenciones públicas al haberse descubierto con cámaras ocultas que esta entidad comerciaba con los órganos de los fetos que abortaban en sus centros.
La delegación española de Planned Parenthood Internacional no cuenta con centros que practican abortos, aunque sí recibe financiación por parte ACAI (Asociación de Centros Acreditados para la Interrupción del Embarazo), y los centros de abortos madrileños Dator, Isadora y El Bosque.
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