Atentado contra el derecho de los padres
El cambio de las reglas de escolarización establecido por el nuevo gobierno de izquierdas de la comunidad autónoma de Baleares, además de suprimir el concierto educativo a dos colegios del Opus Dei desde 3º de primaria a 2º de la ESO, deja en una situación de notable discriminación a 250 familias que escolarizan a sus hijos en estos centros. Ante esta decisión gubernamental -que se ha tomado a menos de un mes de inicio del nuevo curso escolar-, un grupo de simpatizantes han iniciado en la plataforma Change.org una movilización ciudadana.
(ReligiónConfidencial/InfoCatólica) La movilización tienen el objetivo de reclamar para dichas familias el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza recogida en el artículo 27 de la Constitución española.
La petición ciudadana está dirigida a Antonio Morante, Director General de Planificación y Centros de la Conselleria de Educación, y a Martí March i Cerdà, que es la persona al frente de la referida consellería, la cual forma parte del nuevo gobierno de PSIB-PSOE, Més y Podemos. Dicho gobierno de coalición se formó tras las elecciones autonómicas del pasado mes de mayo.
En el texto del manifiesto, publicado en Change.org el pasado 12 agosto, puede leerse que «en el fondo de esta decisión política subyace únicamente una persecución ideológica y un ir en contra de los colegios del Parc Bit sin ningún fundamento jurídico, incumpliendo sistemáticamente la ley y las resoluciones judiciales».
La muestras de solidaridad de los firmantes, por el momento, está siendo notable. En los seis días que el manifiesto lleva publicado en Internet ya ha superado las 5.800 firmas.
Antecedentes
Se da la circunstancia que el Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares ha reconocido hasta en cuatro ocasiones distintas el derecho al concierto educativo de los centros del Parc Bit, Aixa y Llaüt. Dicho Tribunal impuso al impuso al Govern Balear -que tomó estas iniciativas cuando estaba presidido por ejecutivos socialistas- una millonaria indemnización al haber tratado de despojar a las familias de este derecho ya desde 2007, que fue el año de entrada en funcionamiento de los referidos colegios, cuya formación espiritual está encomendada a sacerdotes del Opus Dei.
El alto tribunal balear señaló entonces que «la orden impugnada era contraria al ordenamiento jurídico y los obstáculos puestos por la Administración educativa no tenían la relevancia suficiente».
Pese a estas sentencias, el nuevo ejecutivo balear vuelve por sus fueros. Aunque ahora también cuenta con el apoyo de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras (FECCOO), que expresó su satisfacción ante la negativa de la conselleria.
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