En el verano pasado una noticia conmocionó a la sociedad australiana. La Real Comisión sobre Abuso Sexual de Menores de ese país realizó varias audiencias en agosto sobre los testigos de Jehová. Muchos de sus miembros están acusados de ocultar a la Justicia ordinaria un millar de casos de presunto abuso sexual durante 60 años, a pesar de haber mantenido registros de los mismos. Lo cuenta Diego Caldentey en La Información.
La comisión gubernamental encargada de investigar los abusos a menores, con el consejero superior Angus Stewart al frente, elaboró un pormenorizado informe en el que aseguraba que este grupo –por sus características tan herméticas– buscó mantenerse aislado del resto de la sociedad sin denunciar ni dar a conocer esos hechos, que tuvieron como víctimas a menores del grupo, pero no llegaron a la Policía y/o la Justicia ordinaria.
A nivel interno
La sede principal de los testigos de Jehová en Australia es la de Watchtower. Esta organización religiosa cuenta con casi 70.000 integrantes del grupo en ese país. Los informes de la Real Comisión sobre Abuso Sexual de Menores de Australia señalan que durante más de medio siglo sus miembros no reportaron hechos de abusos de menores que sí conocían y están documentados internamente. Pero “la organización prefiere (según sus políticas) que los integrantes mayores lidien con los problemas de forma interna, tal como pareció en todos los casos de abuso”, según Stewart.
“Es la práctica de la iglesia de los testigos de Jehová mantener información relacionada con delitos de abuso sexual a niños, pero no reportar las presuntas denuncias sobre abuso sexual a la policía o a las autoridades relevantes”, manifestó en su momento el consejero durante una de las audiencias.Tres meses después de aquellos informes y comparecencias, ayer, 28 de noviembre, el tema ha vuelto a estar de actualidad. Un nuevo documento oficial divulgado por la mencionada comisión gubernamental australiana, que investiga la respuesta institucional a la pederastia, vuelve a apuntar con fuerza contra la organización. Considera que “no responde adecuadamente a las denuncias de abusos sexuales a menores”.
Más de mil casos de abusos en el país
Esta vez la acusación se centra en dos casos en concreto sobre los más de mil que se encuentran en análisis judicial. Concretamente, en el denominado “Estudio del caso 29: la respuesta de los testigos de Jehová”, la investigación va mucho más allá: pone bajo la lupa la políticas y procedimientos de esta organización para prevenir, responder y denunciar los abusos sexuales a menores, así como las denuncias, informes o quejas de varios de sus miembros.
“De las evidencias presentadas, la comisión considera que la organización de los testigos de Jehová se apoya en políticas y prácticas obsoletas para responder a las acusaciones de abusos sexuales que no están sujetas a una revisión constante y continua”, ha indicado la Comisión australiana en un comunicado.
Dicha comisión tiene registros de 1.006 casos de abusos a menores desde 1950 y, aunque la organización con su principal sede mundial en Estados Unidos expulsó a 401 miembros, permitió que 230 volvieran, 35 de ellos varias veces, según Stewart.
Cómo se hace la investigación interna
Los dos principales líderes de los testigos de Jehová en Watchtower Australia, Vincent Toole (director legal) y Terrence O’Brian (director general), deberán responder principalmente a dos acusaciones muy serias: la comisión considera que los testigos de Jehová adolecen de “una falta grave de entendimiento sobre la naturaleza del abuso sexual de un menor”. Por sus actos, considera que no protegen como deberían a las víctimas pasadas y eventuales y futuras contra pederastas.
La investigación, por ahora, ha determinado que los procedimientos para lidiar con las quejas de ciertas víctimas no se han revisado desde la creación de esta comunidad a finales del siglo XIX y se apoyan en normas arcaicas, de hace casi 2.000 años.
Aunque parezca insólito, según las pautas de la organización religiosa, los casos de abusos sexuales en el seno de la misma son investigados por dos ancianos, que deben establecer la verdad de acuerdo a los estándares bíblicos, que incluyen la confesión del supuesto agresor. “Si el acusado no confiesa, hay un requerimiento inflexible de que debe haber dos testigos oculares de un incidente de abuso sexual a un menor” para que la congregación considere probada la agresión sexual, según se indica en el documento del órgano oficial australiano.
Hace escasos meses, Max Horley, uno de los ancianos o líderes de dicha organización en Australia, reconoció ante la comisión que los casos no fueron llevados ante la justicia para su investigación. Cuando el juez Peter McClellan le preguntó durante una de las audiencias si los casos de abuso son reportados, Horley dijo que internamente lidian con los problemas “legal y bíblicamente”, dijo Horley, según las transcripciones de las audiencias.
“No lo reportamos a la policía. Creo que los alentamos a que lo hagan. Les damos la asistencia para hacerlo”, manifestó en su momento con absoluta frialdad.
La comisión autora del informe funciona desde 2012 en Australia. Fue creada para investigar cómo responden las instituciones a los abusos sexuales a menores que están bajo el cuidado de organizaciones públicas, sociales o religiosas.
A principios de mes, el Gobierno australiano anunció que indemnizará a las víctimas de estos abusos con hasta 150.000 dólares locales (115.200 dólares o 103.759 euros) como parte de un plan que el Gobierno federal implementará a partir de 2018.
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