En el primer libro de Reyes, en el capítulo 21 se nos cuenta la historia de Ajab, rey de Israel, quien pidió a Nebot, su vecino, que le vendiese su finca. Ante su negativa, Ajab, instigado por su mujer Jezabel, mató a Nebot y se quedó con su finca.
Siglos más tarde, la historia se repite, pero con otro final. El rey Federico II de Prusia, para construir su palacio en Postdam, quiso comprar la finca vecina donde había un molino. Ante la amenaza del rey de expropiarle, el molinero recurrió a la Justicia que le dio la razón e hizo exclamar al rey: «todavía hay jueces en Berlín». El molino, auténtico monumento a la Justicia, sigue existiendo hoy.
El 14 de julio del 2016, la Asamblea de la Comunidad Autónoma de Madrid aprobó por unanimidad, salvo dos ausencias del PP la «Ley de protección integral contra la LGTBIfobia y la discriminación por razón de orientación e identidad sexual en la Comunidad de Madrid». La Ley se publicó el 21 de julio de ese año, en el Boletín Oficial de la Asamblea de Madrid. Hoy, leyes en el mismo sentido han sido aprobadas por la mayor parte de las Comunidades Autónomas y por el Parlamento Nacional las Leyes Orgánicas 2/2010 y 11/2015 de Salud sexual y reproductiva y de interrupción voluntaria del embarazo.
El problema de estas leyes es que pretenden imponernos obligatoriamente el pensamiento único de la ideología de género, pisoteando un montón de los Derechos Humanos reconocidos en la Declaración de la ONU de 1948 y la Constitución. Ello llevó al Director del Colegio Católico Juan Pablo II de Alcorcón a mandar una Carta a los padres de los alumnos diciéndoles que la tal Ley es incompatible con el Catolicismo, (como así es), y por tanto no pensaba obedecerla. El resultado fue una sanción de mil euros, pero lo que estaba en juego era, mucho más que la cuestión económica, la cuestión de los principios y derechos. En concreto esta Ley inspirada por una antropología no adecuada que niega la diferencia sexual varón-mujer y la unidad de la persona cuerpo-espíritu, se halla en contradicción con la moral natural y con la recta razón, pretendiendo anular la enseñanza pública de la Iglesia (cf. Carta a los Romanos 1, 24-27; Primera carta a los Corintios 6, 9-10; Primera carta a Timoteo 1, 10, etc., el Catecismo de la Iglesia Católica nn. 2357-2359) y el resto del Magisterio de la Iglesia referido al designio de Dios sobre el varón y la mujer.
Por ello creo que para los católicos y las personas con sentido común que no aceptamos que el sexo lo decide el interesado según le venga en gana, ha sido una gran noticia, por cierto silenciada en casi todos los medios de comunicación, el saber que la Justicia da la razón al colegio Juan Pablo II y condena a la Comunidad de Madrid por su ley LGTBI a devolver el dinero cobrado con sus intereses y a pagar las costas del juicio.
La sentencia defiende «el derecho fundamental a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas u opiniones no sólo mediante la palabra o el escrito, sino también mediante cualquier otro medio de reproducción» es decir defiende el derecho a la libertad de expresión, salvo ultraje o vejación, y condena a la Comunidad a pagar las costas. «lo que hace innecesario el examen de otras cuestiones así como el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad expuesta en el último fundamento de la demanda». Pero al menos en un punto la Ley, en cuanto viola el derecho fundamental a la libertad de expresión, es anticonstitucional.
Es el primer gran mazazo que recibe la LGTBI de la Comunidad de Madrid y sospecho que en toda España. Además la sentencia es firme y no admite recurso.
Creo que esta sentencia animará a muchos, como pueden ser los psiquiatras, a no dejarse atropellar en el libre ejercicio de su profesión y a defender sus legítimos derechos. Como dice el Papa Francisco en la «Amoris Laetitia nº 56: «No caigamos en el pecado de pretender sustituir al Creador. Somos creaturas, no somos omnipotentes. Lo creado nos precede y debe ser recibido como don. Al mismo tiempo, somos llamados a custodiar nuestra humanidad, y eso significa ante todo aceptarla y respetarla como ha sido creada».
Esperemos que en nuestro país y en otros muchos, esta sentencia sea el comienzo del fin de la diabólica y anticientífica ideología de género, una ideología que hace que la única especie en la que matar a las crías antes de su nacimiento sea no ya legal, sino un derecho, sea la especie humana. Esta sentencia me parece un gran paso en la recuperación de algo tan necesario como el sentido común. Por eso he titulado el artículo: «Todavía quedan jueces en España».
Pedro Trevijano
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