(C-fam/InfoCatólica) En el caso Dobbs contra Jackson's Women's Health, el Tribunal Supremo de Estados Unidos puede revertir, siquiera en parte, la sentencia Roe contra Wade, que convirtió el aborto en un derecho constitucional en Estados Unidos. El caso examina la prohibición del aborto en Mississipi a partir de la semana 15 de embarazo, pero el escrito de los demandantes pide al Tribunal que anule el caso Roe v. Wade.
En un informe amicus que se acaba de publicar, expertos de la ONU han dicho al Tribunal Supremo de Estados Unidos que una sentencia de este tipo violaría la legislación sobre derechos humanos, en lo que constituye la primera intromisión de este tipo en los debates jurídicos de Estados Unidos por parte de miembros de un organismo dependiente de la ONU.
«Estados Unidos contradeciría el derecho internacional de los derechos humanos al anular sus protecciones constitucionales establecidas para el acceso al aborto», dicen los expertos en su escrito. El aborto es «necesario para la autonomía de las mujeres, la igualdad y la no discriminación», argumentan.
Los expertos de la ONU pretenden «poner las cosas en su sitio y explicar cómo el derecho internacional de los derechos humanos protege el acceso al aborto».
Los expertos discrepan de otros estudios jurídicos, entre ellos uno presentado por C-Fam, editor del Friday Fax, que sostienen que nunca se pretendió excluir a los niños no nacidos del «derecho a la vida» que aparece en la legislación sobre derechos humanos. «El derecho a la vida que emana de los tratados de derechos humanos no se aplica prenatalmente», afirman.
Los expertos de la ONU no citan los precedentes del Tribunal Supremo de EE.UU., la Constitución de EE.UU. ni ninguna de las disposiciones de los tratados de derechos humanos de la ONU ratificados por el gobierno de EE.UU. para apoyar su afirmación de que el aborto es un derecho internacional. En su lugar, citan las opiniones no vinculantes de otros expertos de la ONU.
«Con el tiempo, los Estados y los organismos de derechos humanos aclararon que las obligaciones de los tratados de derechos humanos abarcan los derechos reproductivos de las mujeres y las niñas, incluido el acceso al aborto seguro y legal», explican.
El escrito sostiene que «la protección del acceso al aborto es necesaria para cumplir con los derechos a la igualdad y la no discriminación, a la vida, a la privacidad, a la salud y a no sufrir torturas ni tratos crueles, inhumanos y degradantes, así como a no sufrir violencia de género, entre otros derechos». Cualquier prohibición del acceso al aborto supondría una violación de estos derechos, según los expertos de la ONU.
Los expertos también especulan con que, tras una hipotética revocación del caso Roe v. Wade, «muchos estados de Estados Unidos aplicarán prohibiciones o algo parecido a la prohibición del acceso al aborto, que harán que las leyes de cada estado sean irreconciliables con el derecho internacional de los derechos humanos».
La autora principal del escrito es la controvertida abortista sudafricana Tlaleng Mofokeng que, tras su nombramiento en la ONU en 2019, fue objeto de escrutinio por parte de organizaciones contra la trata de personas y de protección de la infancia por su promoción de la prostitución legal como «trabajo sexual» para las adolescentes.
Actúan por su cuenta
Aunque los expertos reclaman los «privilegios e inmunidades» que otorgan las convenciones diplomáticas en un descargo de responsabilidad al principio del escrito, también fueron transparentes al reconocer que su posición no estaba respaldada por las propias Naciones Unidas.
«La autorización para las posiciones y opiniones expresadas en este documento, de acuerdo con la independencia de las posiciones de los amicis y sus respectivos mandatos, no fue solicitada ni otorgada por las Naciones Unidas, ni por el Consejo de Derechos Humanos, ni por la OACDH, ni por ninguno de los funcionarios asociados a esos órganos», dice el escrito.
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