(Acta Sanitaria/InfoCatólica) «Nuestra sociedad», dice el Icomem, «no puede permitir un ataque a los derechos fundamentales de este calibre sin antes hacer una profunda reflexión. Es preciso que todos pensemos en las graves implicaciones que se derivan de inmiscuirse en la libertad de conciencia ya que podrían alterar todo el sistema de libertades reconocido en la Constitución y en las leyes».
Y añade que «la objeción de conciencia del médico, en el ejercicio de la libertad individual, es garantía de que en todo su quehacer siempre estará presente procurar el mejor bien del enfermo. Todos somos alguna vez pacientes, también los médicos, y queremos ser atendidos por profesionales que actúen en conciencia».
Entre otros muchos aspectos que amparan la objeción de conciencia, se recuerda que «es un derecho fundamental reconocido internacionalmente en la Carta Europea de Derechos Humanos. Ninguna normativa disruptiva ni leyes ideológicas oportunistas pueden regularlo y mucho menos limitarlo o condicionarlo».
Además recuerda que «el ejercicio de la objeción de conciencia debe ser libre, confidencial y aplicarse de forma sobrevenida, «ad casum», en las circunstancias, lugar y tiempo del caso concreto que se plantee». Por tanto, «poner trabas a la objeción de conciencia sin escuchar a los profesionales sanitarios es amordazar a los que piensan distinto, comprometiendo la libertad del profesional y es un ataque frontal a la relación de respeto y confianza entre médico y paciente, que es patrimonio intangible de la humanidad».
El Icomem finaliza así su comunicado:
«No podemos tolerar una injerencia ilegítima en el ejercicio de la Medicina. Rechazamos la contraposición, artificialmente creada, entre el derecho a la objeción de conciencia que cualquier médico puede ejercer, con el derecho a la atención sanitaria de cualquier ciudadano».
La Ministra amenazante
El comunicado es necesario ante la amenaza nada velada que la Ministra de Igualdad del gobierno social-comunista de España, la podemita Irene Montero, lanzó hace unos días al asegurar que el derecho de las mujeres a matar a sus hijos no nacidos no podía verse afectado por el derecho a la objeción de conciencia de los médicos.
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