(EP/InfoCatólica) En una resolución adoptada por 387 votos a favor, 161 en contra y 123 abstenciones, los eurodiputados aseguran que hay «retrocesos» en la protección de los derechos logrados por las personas LGTBIQ en los últimos años y denuncian «la retórica hostil de políticos electos y las oleadas de violencia homófoba y transfóbica».
Los eurodiputados del Partido Popular se han abstenido y los de Vox han votado en contra, mientras que el resto de partidos españoles con representación en la Eurocámara han votado a favor de la resolución.
La resolución incide en la necesidad de que los matrimonios o uniones civiles formalizadas en un Estado miembro deben de ser reconocidos en los demás países de la Unión para garantizar que los cónyuges reciben idéntico trato que las parejas heterosexuales.
En este sentido, los eurodiputados recuerdan que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictó en 2018 que la palabra «cónyuge» tal y como aparece en la directiva de libre circulación también es aplicable a las parejas homosexuales y reclaman medidas contra Rumanía por no cumplir esta sentencia.
Además, instan a todos los Estados miembros a reconocer a efectos legales a los adultos mencionados en un certificado de nacimiento expedido en otro Estado miembro como padres legales del niño, independientemente del sexo legal o de su estado civil, para evitar convertir a niños en apátridas al trasladarse a otro país de la Unión.
El colectivo LGTBI denuncia que con frecuencia familias 'arcoíris' son discriminadas cuando viajan dentro de la Unión Europea, ya sea por turismo o por traslado de residencia, porque se encuentran con que los derechos que les reconoce el Estado miembro en donde legalizaron su unión son después ignorados en otros países de la UE.
El texto adoptado por la Eurocámara, de hecho, apunta especialmente la preocupación de los eurodiputados por la situación en países como Polonia o Hungría, a los que la Comisión Europea ya ha expedientado, por ejemplo, por designar «zonas libres» de personas LGTBIQ o por legislar para impedir que los menores sean corrompidos moralmente precisamente con las tesis que apoya mayoritariamente el parlamento europeo..
Los eurodiputados instan a Bruselas a mantener la presión y utilizar todos los instrumentos a su alcance contra Hungría y Polonia, no solo mediante expedientes de infracción sino también con medidas provisionales o el bloqueo de fondos.
La resolución tiene solo valor político. No es legalmente vinculante
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