(El Confidencial) Además, la Iglesia deberá prestar estos bienes para exposiciones temporales organizadas o promovidas por las administraciones públicas de Navarra.
Esta obligación se recoge en el proyecto de Ley Foral de Derechos Culturales que se tramita en el Parlamento de Navarra. Ayer se aprobó en la comisión de Cultura, Deporte y Juventud el dictamen relativo al proyecto, que será elevado previsiblemente al pleno del próximo 20 de diciembre para su definitivo debate y aprobación.
El proyecto inicial redactado por el Gobierno de Uxue Barkos no recogía de forma expresa que este deber de permitir la visita pública gratuita a los bienes de interés cultural al menos cuatro días al mes afectara a las propiedades de la Iglesia católica, ya que aludía de forma genérica a «las personas o entidades propietarias o poseedoras por cualquier título de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de Navarra».
Sin embargo, el PSN ha presentado una enmienda de adicción al artículo para que esta previsión aluda de forma específica a los bienes «cuya propiedad ostente la Iglesia católica». Dicha enmienda ha salido adelante con el voto a favor de los cuatro partidos que sustentan el Ejecutivo foral –Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra– y el voto en contra de UPN y PPN.
Se trata de una iniciativa «novedosa» en el Estado, según defiende el parlamentario socialista Guzmán Garmendia, que justifica que se obligue a la Iglesia a mostrar sus bienes por ser la propietaria de la «inmensa mayoría» del patrimonio cultural de la Comunidad Foral. «Navarra financia la Iglesia y esta debe estar abierta a la población para que contemple sus bienes», sostiene.
Esta argumentación se recoge en la motivación de la enmienda aprobada, en la que el PSN defiende que, a la vista de que «la mayoría del patrimonio cultural navarro tiene carácter religioso y es ostentado por la Iglesia católica», se debe permitir el acceso público para que dichos bienes sean visitables por su «interés general». Para ello, según se recoge en el proyecto, se firmarán los «acuerdos de colaboración correspondientes» con la Iglesia católica. Aunque es imposible cuantificar el patrimonio del que dispone, se estima que la Iglesia ha inmatriculado más de un millar de bienes en Navarra.
La obligatoriedad alude a «al menos cuatro días al mes, durante al menos cuatro horas por día, en días y horas previamente señalados». El proyecto establece que el cumplimiento de estos deberes «podrá ser dispensado por el departamento competente en materia de cultura, de forma total o parcial, y a solicitud de las personas o entidades interesadas, por causas debidamente justificadas; entre ellas, la necesidad de garantizar el respeto a la intimidad personal o familiar, la seguridad de las personas, o la conservación del bien cultural». A este respecto, será «el departamento competente en materia de cultura» quien «aprobará y dará la adecuada difusión a los calendarios y horarios de visita pública». Para ello, se «requerirá a las personas o entidades propietarias o poseedoras de los bienes para que efectúen y eleven sus propuestas en los plazos y con las condiciones« que se determinen.
En relación con los bienes muebles de interés cultural e inventariados, esta obligación de permitir las visitas públicas gratuitas se podrá sustituir, a petición de las personas o entidades propietarias o poseedoras por cualquier título de bienes pertenecientes al patrimonio cultural de Navarra, por «su depósito en el centro que el departamento competente en materia de cultura señale para su exposición pública».
Igualmente, la Iglesia católica y el resto de propietarios de patrimonio cultural estarán obligados a prestar los bienes para exposiciones públicas temporales organizadas o promovidas por las administraciones públicas de Navarra, sin que el límite temporal de estos préstamos y depósitos exceda de 50 días naturales por año. Igualmente, deberán permitir el acceso a los bienes por parte de investigadores debidamente acreditados, previa solicitud razonada, que «solo podrá ser denegada cuando concurran causas justificativas, que deberán ser comprobadas por el departamento competente en materia de cultura».
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