(Diario de Cádiz) Ayer tarde se conoció el contenido de un decreto firmado por el vicario general de la Diócesis, Fernando María Campos, y que refleja en cada uno de sus puntos el tremendo disgusto que la decisión de la hermandad ha suscitado en la Iglesia. Por ello, el decreto, de conformidad con los cánones 134.3 y 318.1 del Código de Derecho Canónico y los artículos 78 y 82 del Estatuto Base Diocesano para las hermandades y cofradías, recoge el cese de su cargo del hermano mayor del Perdón, Ricardo Díaz Parra, así como del resto de su Junta de Gobierno. Además el decreto les impide presentarse en adelante como candidatos para la Junta de Gobierno de cualquier hermandad de la Diócesis en un plazo de 10 años, salvo licencia expresa del delegado episcopal competente.
El decreto también anuncia que el delegado episcopal para las hermandades y cofradías nombrará en los próximos días un comisario que será el encargado de dirigir a la cofradía del Perdón durante los dos próximos años. El hecho de estar intervenida provocará que durante todo este tiempo no pueda realizar cultos externos, lo que supone de hecho que el Perdón no podrá procesionar hasta la Semana Santa de 2020. En el decreto se recoge igualmente la imposibilidad de celebrar cabildo general de elecciones hasta que el Obispado no tenga las garantías necesarias de que no volverán a repetirse unos hechos que llega a calificar de «desobediencia, manipulación y falta del sentido de la eclesialidad».
Igualmente deroga cualquier referencia horaria a la estación de penitencia de la cofradía que se recoja en los estatutos o el reglamento de régimen interno, y advierte que la misma se efectuará de común acuerdo entre la Junta de Gobierno y el Consejo Local de Hermandades.
En el decreto se recuerda que, tras los diversos recursos presentados por una y otra parte, tanto el secretario diocesano para las hermandades como el delegado episcopal se mostraron favorables a la decisión tomada por el Consejo Local, que acordó en el pleno del pasado 6 de septiembre de 2016 encomendar a la Junta Permanente las tareas de acoplamiento de los diversos cortejos, con el objeto de intentar reducir los cortes entre procesión y procesión. El decreto critica la postura de «intransigencia e inmovilismo incomprensible» de la Junta y resalta que la autoridad eclesiástica competente los instaba a cumplir dicha resolución del Consejo.
También ha dolido en el Obispado el estudio del acta del cabildo extraordinario de hermanos del Perdón del 17 de marzo, cuando la Junta de Gobierno había insistido a los hermanos que el único motivo que movía a tomar esta decisión al Consejo era económico, obviando el mandato del Pleno de Hermanos Mayores, que anteponían el bien común y la manera de reducir los cortes.
En su exposición de los hechos el vicario general incide en que durante la Cuaresma la cofradía esgrimió su régimen interno, que supuestamente les mandaba salir a las tres de la mañana, lo que generó más polémica, cuando, según se recoge en el decreto, se dice que procesionará a esa hora si así se acuerda por la Autoridad Eclesiástica.
Se recrimina igualmente la actitud ambigua del hermano mayor del Perdón al ser preguntado en el Pleno de Hermanos Mayores, ocultando en todo momento su intención de no procesionar cuando al día siguiente enviaba un comunicado anunciando que no realizarían la estación de penitencia, algo que generó gran malestar.
Según ha podido saber el Diario de Cádiz, el decreto también considera «inexplicable» que la situación se prolongara dando lugar a un «intolerable cúmulo de expresiones fuera de lugar, insultos y vejaciones realizadas hacia las personas que integran el Consejo y a la propia autoridad eclesiástica» por parte de personas particulares e incluso de algunos hermanos de la propia cofradía.
El decreto considera que todo lo anterior constituye un grave incumplimiento de los deberes que se tiene con la Iglesia.
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