(Fundación Jérôme Lejeune) Más de un centenar de diputados y ministros alemanes de todos los partidos políticos han presentado una iniciativa contra la financiación sistemática del DPNI Diagnóstico Prenatal no Invasivo, una nueva prueba de detección del síndrome de Down en el embrión durante el embarazo. Temen, con razón «un aumento en los abortos» que derive en la eliminación de las personas con esta discapacidad. ¿Seguirán otros países europeos, como España, esta tendencia?
Alemania es el primer país europeo al que se han dirigido los promotores de este test prenatal. Desde 2016, en su libro «Las primeras víctimas del Transhumanismo» el Presidente de la Fundación Jérôme Lejeune en Francia, Jean Marie Le Méné, alertó sobre este hecho en los siguientes términos: «La decisión de Sequenom de elegir a la Alemania liberal como caballo de Troya fue crucial. Este país es el que ha permitido la apertura de una brecha hacia la Europa del Este. Pero no es sólo eso. La órbita de influencia alemana sobrepasa con mucho el ámbito germanófono y los países limítrofes. A partir de ahora, la playa del desembarco francés está lista para dar la bienvenida al mercado de la muerte. Desde hace tiempo, se ha preparado el terreno, se ha marcado la ruta y se han neutralizado los centinelas».
Sin embargo, Alemania es hoy la primera en dudar del interés de esta nueva prueba de detección prenatal del síndrome de Down y de las implicaciones éticas que derivan de su uso. El diputado Rudolf Henke recuerda que «cada vida humana merece ser vivida. En el plano ético, todo ser humano tiene el derecho natural de ser deseado y acogido». Una cuestión que inevitablemente resuena tras la historia reciente de Alemania.
Francia
En otros países, como Francia, este test ha sido recibido como un éxito técnico, médico y ético. Es más «eficiente» y más «fiable». Permite «una mejor selección para eliminar mejor». En este país, como en España, ya más del 96% de los niños diagnosticados durante el embarazo con síndrome de Down, son abortados. De hecho, Francia está a la cabeza en la aplicación de esta técnica de selección ¿A dónde se quiere llegar? Al 100%. Sin debate, el Consejo Consultivo Nacional de ética francés y su Ministerio de Sanidad han validado la introducción del nuevo test en el sistema sanitario de la Seguridad Social francesa. Un mercado que se estima en más de mil millones de euros de un gran interés para las multinacionales que comercializan el test. Y el debate en algunas comunidades autónomas españolas empieza a plantearse igualmente.
España
En España el test de Sequenon (comercializado como Maternit21plus) se puede realizar privadamente para detectar las trisomías 21, 18 y 13. En efecto, la conexión entre la detección de la trisomía 21 y la posibilidad de solicitar un aborto es probable, aunque no siempre se da, y permitida por la ley del aborto, que incluye la existencia de graves patologías congénitas como una de las causas indicadas para recurrir a esta práctica, claramente eugenésica. La Fundación Jérôme Lejeune se muestra contraria a su utilización por su clara finalidad eugenésica, contraria a la dignidad de estas personas, al principio de igualdad y a la Convención ONU de los derechos de las personas con discapacidad.
La Fundación se pregunta si «¿serán capaces los políticos de otros países europeos, como España o Francia, de seguir la senda de cordura de los parlamentarios alemanes?» En una época en la que algunas voces demandan una revisión de la legislación despenalizadora del aborto en nuestro país, la Fundación Jérôme Lejeune en España reclama, en palabras de su director, Pablo Siegrist, «recuperar el sentido del Derecho, que exige la defensa de los más débiles por parte de la sociedad para, de esta forma, construir una comunidad más plenamente humana. Los legisladores debieran preocuparse por promover un apoyo real a las familias que acogen en su seno a las personas con discapacidad, más que por fomentar la aniquilación de los embriones que portan patologías cromosómicas o de otro tipo, como el síndrome de Down. Son estas personas las que requieren un trato de mayor cuidado y acogida, y apoyar a quienes se lo brindan es un deber inexcusable de los poderes públicos», como pone de relieve la iniciativa de los políticos alemanes.
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