Camerún denuncia la imposición en la ONU de los criterios morales de países occidentales respecto al SIDA

(C-Fam/InfoCatólica) La Asamblea General de la ONU ha aprobado una declaración sobre el VIH/SIDA que de forma implícita promueve la legalización de la prostitución, el consumo de drogas, la sodomía y la eliminación del consentimiento paterno para ciertos tratamientos sanitarios de menores.

La declaración no se adoptó por consenso, como se preveía, sino por votación, lo que supone un acuerdo débil, según la convención diplomática y política.

«No tenemos una unidad de criterios. Esa es la triste realidad», dijo el embajador de Camerún durante la adopción de la declaración por la Asamblea General.

Se quejó de los intentos de Estados Unidos, Europa, Canadá y otras naciones occidentales de imponer un enfoque único para abordar el VIH/SIDA, que incluye varios elementos controvertidos, como la despenalización de conductas ilegales en otros países.

Aunque la declaración final no reclama explícitamente estas controvertidas políticas sociales, las insinúa con fuerza y probablemente será interpretada por las agencias de la ONU como si las incluyera y como un mandato.

Rusia quería un texto mejor

Camerún fue una de las trece delegaciones que apoyaron los intentos de eliminar el controvertido lenguaje en una votación final sobre tres enmiendas propuestas por la Federación Rusa.

El delegado ruso lamentó que la declaración no pudiera aprobarse por consenso y lamentó que sus intentos de incluir un lenguaje sobre la responsabilidad sexual y la promoción de estilos de vida saludables fueran rechazados por los países occidentales. «Cómo se corresponde esto exactamente con los objetivos de la salud pública y las obligaciones internacionales es un misterio para nosotros», subrayó.

También se quejó de un «cambio de enfoque» en la forma en que las agencias de la ONU abordan el VIH/SIDA mediante la promoción de la nueva noción de «derechos sexuales» en lugar de «derechos reconocidos internacionalmente» consagrados en acuerdos internacionales vinculantes.

Al fracasar las enmiendas, la Federación Rusa sometió a votación toda la resolución, pero sólo otras tres delegaciones se unieron a ella para votar en contra. Más de treinta delegaciones no votaron.

La falta de apoyo a las enmiendas rusas ocultó el amplio malestar con la declaración expresado en las declaraciones de los delegados de Camerún, Guinea Ecuatorial, Marruecos, Argelia, Brasil, Bahrein (en nombre del Consejo de Cooperación del Golfo), China, Irán, Hungría, Guatemala, Irak, Bielorrusia, Libia, Egipto, Sudán, Malasia, Nicaragua, Bangladesh y Siria, y la Santa Sede.

En sus declaraciones, las delegaciones rechazaron los elementos controvertidos y reafirmaron sus prerrogativas nacionales para aplicar la declaración de acuerdo con sus propias leyes y políticas. Sin embargo, a diferencia de Rusia, se mostraron dispuestos a aceptar el lenguaje controvertido del documento.

El que paga, manda

El embajador de Camerún recurrió a un refrán africano para explicar que los votos a favor de la resolución fueron en deferencia a los países donantes que financian la respuesta al VIH/SIDA. «Cuando el cacique ha llegado a la plaza mayor nadie se le opone», dijo, dando a entender diplomáticamente que los países están en deuda con la ayuda financiera occidental.

Los países occidentales, por su parte, se quejaron de la falta de reconocimiento explícito de los derechos de los LGBT, y de un lenguaje más prescriptivo sobre la «educación sexual integral».

La delegada de Estados Unidos dijo que estos elementos eran «fundamentales para la respuesta al VIH/SIDA». Acusó a los países que apoyaron las enmiendas rusas de «negar la ciencia» y de promover políticas «regresivas» y «sin inspiración».

La declaración, que guiará el trabajo del sistema de la ONU para prevenir y tratar el VIH/SIDA, se adopta cada cinco años. Aunque no es jurídicamente vinculante para los Estados, sí lo es para el sistema de la ONU. Es importante porque el VIH/SIDA es el área de la salud mundial mejor financiada, ya que sólo Estados Unidos aporta 7.000 millones de dólares anuales.

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