(El País/InfoCatólica) Ese listado, que se elaboró en cumplimiento de una proposición no de ley del Congreso de los Diputados, permanece desde entonces oculto. El Gobierno asegura que la relación de bienes inmatriculados a favor de la Iglesia Católica sigue «en elaboración» y aún no se ha enviado al Congreso porque se están corrigiendo posibles errores y ultimando un informe jurídico sobre las «posibles actuaciones» que se puedan llevar a cabo.
La cifra de 30.000 propiedades, que ha llegado a El País de fuentes conocedoras del encargo, responde a todo tipo de bienes: desde lugares de culto (catedrales, iglesias, ermitas...) a casas parroquiales o de maestro, plazas, fuentes, frontones y todo tipo de parcelas.
El Gobierno de Rajoy (PP) empezó a elaborar esa lista después de que la Comisión de Justicia del Congreso aprobará una proposición no de ley del PSOE en abril de 2017.
En septiembre del año pasado, el por entonces portavoz de la Conferencia Episcopal Española, hoy obispo de Ávila, Mons. Gil Tamayo recordó que no hubo «posibilidad hasta 1998 de poder matricular los templos. La Iglesia estaba en una situación de discriminación» y aseguró que «lo que no podemos pedirle a lo largo de los siglos pasados es un acta notarial. La Iglesia lo ha tenido con posesión absolutamente pacífica e incuestionada».
Por su parte, Fernando Jiménez Barriocanal, vicesecretario para asuntos económicos de la Conferencia Episcopal declaró por esas fechas que la Iglesia ha inscrito las cosas que son suyas porque «la inmatriculación no da derecho a tener la propiedad de los bienes, simplemente los reconoce». Y añadió:
«Hay que dejar muy claro que la Iglesia no se ha apropiado de ningún bien, y el hecho de inmatricular no significa que adquieras la propiedad». «Si por algún error, por alguna omisión hubiera un bien que se ha inmatriculado indebidamente, en ningún caso eso significa que el bien es tuyo, y por tanto hay procesos establecidos para justificar esa inmatriculación».
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