(C-Fam/LSN/InfoCatólica) La forma en que las negociaciones en la ONU llegan a un acuerdo desde hace mucho tiempo es con el consenso y no con la votación. Aunque el consenso ha cambiado a lo largo de los años, sigue permitiendo a un grupo relativamente pequeño de países bloquear los deseos políticos de grupos más grandes. Esto puede estar cambiando.
Los países con gobiernos liberales y progresistas están cada vez más frustrados porque el consenso ha bloqueado en algunas instancias de la ONU tanto el aborto como la agenda LGBT. Esto acaba de ocurrir en la Comisión de Desarrollo Social.
Los cambios se debatirán en abril en la próxima sesión de la Comisión de Población y Desarrollo (CPD). Esta comisión anual ha sido escenario de polémicas negociaciones sobre temas como el aborto y la orientación sexual e identidad de género durante décadas. En tres de los últimos cuatro años, no ha logrado alcanzar un acuerdo. Esto suponer para algunos una fuente de frustración y vergüenza.
Las reglas escritas y no escritas de la diplomacia exigen la adopción de acuerdos diplomáticos sobre la base de un consenso unánime. Esto se considera la norma de oro en todos los procedimientos internacionales. Los acuerdos deben adoptarse sin votación y sin objeciones. La simple amenaza de convocar una votación y frustrar el consenso es suficiente para impedir la adopción de un texto.
A los diplomáticos que preparan la próxima sesión de la comisión se les pidió que hicieran sugerencias sobre cómo mejorar los métodos de trabajo. En concreto, se les preguntó si la comisión debería dejar de adoptar los documentos por consenso.
Los países socialmente conservadores sostienen que el estancamiento de las cuestiones controvertidas no se debe a los antiguos procedimientos de la ONU, sino a la inflexibilidad de los países progresistas que promueven el aborto y las cuestiones LGBT y no están dispuestos a transigir.
Estados Unidos sugirió que la comisión se ciña a la adopción por consenso. Instó a la comisión a evitar «el lenguaje en temas sensibles sobre los que no ha sido posible el consenso en años anteriores» y a incluir «siempre» una «cláusula de soberanía» para salvaguardar las prerrogativas nacionales. La exclusión de la cláusula de soberanía fue un factor que contribuyó en gran medida al fracaso de la comisión para alcanzar un acuerdo en los últimos años.
Del mismo modo, la Federación Rusa achacó la imposibilidad de alcanzar un consenso a los «persistentes intentos de una parte de los miembros de la CPD de incluir en los proyectos de resolución términos/conceptos que no están en consonancia con los acuerdos anteriores de la ONU y se apartan de ellos». Los diplomáticos que trabajan en la comisión entienden que esto se refiere a nociones como «derechos sexuales» y «derechos LGBT».
Los países progresistas, en cambio, se mostraron dispuestos a cambiar las reglas para conseguir que los temas controvertidos se conviertan en acuerdos.
Los Países Bajos, una de las principales naciones del sector liberal progresista, sugirieron que «la Comisión debería considerar la votación como una forma de no bloquear los debates y el progreso».
Dinamarca pidió igualmente a los diplomáticos que «estén abiertos a considerar métodos alternativos de adopción a la hora de tomar medidas, incluida la votación».
Canadá sugirió que «la Comisión vote sobre párrafos seleccionados sin solicitar una votación sobre la resolución en su conjunto». Esto podría garantizar que el lenguaje controvertido llegue a los acuerdos de la comisión mientras se intenta mantener un barniz de consenso.
Planned Parenthood, la multinacional abortista, pidió igualmente a la comisión que abandonara el consenso. Y se opusieron a las sugerencias de que los temas controvertidos pudieran abandonarse.
«El argumento de que cuestiones polémicas como la salud y los derechos sexuales y reproductivos no deben incluirse en las negociaciones es intrínsecamente erróneo», argumentó el gigante de la industria del aborto.
El gigante de la industria del aborto es uno de los principales participantes en la comisión cada año. Las políticas que se adoptan en la comisión dirigen el apoyo político y financiero a las filiales de la IPPF en todo el mundo que proporcionan aborto, anticoncepción, educación sexual integral y pruebas de VIH/SIDA.
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