(InfoCatólica) Los colectivos que conforman la Coordinadora Estatal para la recuperación del Patrimonio Inmatriculado por la Iglesia Católica Recuperando están de luto. El informe que presentó el Gobierno al Congreso de los Diputados demuestra que la Iglesia actuó conforme a la legalidad a la hora de inmatricular bienes.
Europa Laica habla de «un vergonzoso informe gubernamental en el que sanciona el expolio cometido por la Iglesia católica y se lava las manos al consentir el expolio de bienes de patrimonio histórico tales como la Mezquita de Córdoba o La Giralda de Sevilla o la catedral de Burgos» y llega a calificar a la vicepresidenta del Gobierno de ser ministra de la Iglesia:
«Europa Laica denuncia el papel jugado por la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo ya que, desde que asumió su cargo, parece más bien ser una ministra de la Iglesia Católica que de un gobierno secular».
Antonio Manuel Rodríguez Ramos, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Córdoba y portavoz de Recuperando mostraba así su indignación con el gobierno:
«Es el mayor escándalo inmobiliario de la historia de España. El Gobierno no deshace lo que estaba mal hecho, se lava las manos y consolida una amnistía registral. Además sigue sin regular en qué casos un bien religioso debería ser de dominio público, sin perjuicio del uso católico, que no se cuestiona, como pasa en Francia, donde Notre Dame es del Estado, o Portugal»
Desde Recuperando consideran desastroso que sean los ayuntamientos, entidades o particulares quienes tengan que reclamar en el juzgado y litigar con la Iglesia:
«Nos parece un absoluto insulto. Están promoviendo 35.000 litigios ante los tribunales. Es la gran trampa».
Por su parte, desde Europa Laica insisten en sus tesis:
«Dos leyes anticonstitucionales han permitido que la Iglesia Católica haya puesto a su nombre por primera vez en el Registro de la Propiedad miles de inmuebles sin cumplir el trámite exigible a las demás asociaciones, empresas o ciudadanos, como es dar publicidad con publicaciones en el tablón de anuncios del ayuntamiento, notificar a los colindantes etc... Muchos de estos inmuebles eran propiedad (aunque no constaba en el Registro oficialmente) de los ayuntamientos, de las vecinas y vecinos que aportaban materiales, mano de obra e incluso dinero para la construcción».
Esos colectivos piden al gobierno una reforma de la ley del patrimonio histórico que afecte al de raíz religiosa.
«Reclamamos de los grupos parlamentarios y al propio Gobierno a que se presente de forma urgente una reforma de la ley de patrimonio histórico para dar una solución definitiva a la protección del patrimonio histórico de raíz religiosa, afectando el mismo al dominio público, tal y como ocurre en todos los países de Europa y haciéndose cargo de su gestión cultural, independientemente del uso litúrgico que puedan tener».
En otras palabras, quieren una nueva desamortización de los bienes de la Iglesia, como ya ha ocurrido en otros periodos liberales, y por tanto siniestros, de la historia de España.
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