(Agencias) Cada año, la institución que actualmente preside Ramón Álvarez de Miranda aprueba su programa de actividades para el próximo ejercicio en el que, además de los informes que está obligado a hacer por ley y los que le piden las Cortes Generales, incluye una serie de fiscalizaciones a su libre elección.
Al igual que en años anteriores examinó las cuentas del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Fondo de Reestructuración Bancaria (FROB) del Banco de España, esta vez ha decidido auditar la financiación pública que reciben las distintas confesiones religiosas.
Será la primera vez que la Iglesia pasa por el control del organismo fiscalizador, al igual que el resto de confesiones con las que el Gobierno tiene acuerdos desde hace años: judíos, evangélicos y musulmanes.
Esta decisión se toma un año después de que cinco consejeros del Tribunal de Cuentas, propuestos por los socialistas, reclamaran una fiscalización de la Iglesia a través de dos votos particulares presentados al programa de Fiscalización para 2017. Entonces, el pleno del organismo -compuesto por 12 consejeros más el fiscal-, no incluyó esa petición por decisión mayoritaria.
El PSOE lo pidió en el Congreso
También se rechazó en el Congreso una iniciativa de PSOE y Unidos Podemos en la que se reclamaba la fiscalización únicamente de los recursos públicos que la Iglesia Católica recibe del Estado a través del 0,7% del IRPF. PP y Unión del Pueblo Navarro (UPN) votaron en contra y el PDeCAT se ausentó de la sala en el momento de la votación de este punto.
Según los últimos datos de la Iglesia, correspondientes al año 2016, el número de declaraciones de IRPF a favor de la institución católica superó los siete millones, con un aumentó de 55.841 declaraciones, aunque el importe recaudado por esta vía del 0,7% fue casi 1,1 millones inferior a la del año anterior y se quedó en los 249 millones.
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