(dVOX) «Se trata de una convocatoria adelantada y ventajista, totalmente abusiva e irregular», afirmó el purpurado en un comunicado divulgado el martes 20 de febrero por la oficina de prensa del Arzobispado de Caracas.
Las elecciones presidenciales venezolanas deberían realizarse el segundo semestre de 2018, sin embargo, el régimen bolivariano las ha fijado para el próximo 22 de abril. La propuesta fue lanzada el 23 de enero por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que opera de forma ilegítima, y la nueva fecha fue divulgada el pasado 7 de febrero por el Consejo Nacional Electoral (CNE).
Urosa alega que con la modificación arbitraria habrá menos de tres meses entre la convocatoria y la realización de los comicios, lo que coloca en condiciones claramente desventajosas a los partidos opositores al régimen, que además tendrán que lidiar con un CNE controlado por el gobierno.
«Es un atropello a los derechos políticos imponer unas elecciones sin condiciones mínimas de equidad, con los líderes políticos y los principales partidos políticos invalidados, y con la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática (MUD) descalificada. Es imposible competir en esas condiciones leoninas que el Gobierno», dijo el arzobispo.
Urosa respaldó las consideraciones del padre Luis Ugalde que, en un reciente artículo, llama a los que los venezolanos rechazar la elección no yendo a votar. «Están manipuladas, no son justas, libres ni democráticas», dice el jesuita Ugalde.
El texto del sacerdote, que fue rector de la Universidad Andrés Bello, detalla que tal abstención - firme, masiva y unificada - es una forma con la que los ciudadanos podrán defender sus derechos políticos y exigir un proceso electoral bien organizado, en tiempos adecuados y que ofrezca condiciones de justicia, equidad y libertad para todos los candidatos y para los electores.
En esa línea, dice el cardenal, se entiende el rechazo a la elección anticipada por parte de un gran número de países, a quienes debemos agradecer por preocuparse por la defensa de la democracia en Venezuela.
Cerco antidemocrático
Urosa también expresó su preocupación por el endurecimiento del gobierno en la aplicación de lo que llamó un «cerco antidemocrático» a la disidencia, cercenando cada vez más la libertad de opinión y de acción política de quienes discuerdan del régimen.
En su opinión una muestra clara de ello es la ejecución sumaria e ilegal de Oscar Pérez, el pasado 15 de enero, cuando ya se había rendido y estaba negociando su entrega.
«La Comisión de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Venezolano expresó nuestro rechazo a esa acción represiva que viola los derechos fundamentales de venezolanos», apuntó.
Además, denunció una «nueva oleada de ataques a la libertad de expresión» de los sacerdotes y obispos del país. Recordó que el 15 de enero, el presidente Nicolás Maduro atacó injustificadamente a Antonio López Castillo, arzobispo de Barquisimeto, y a Víctor Hugo Basabe, obispo de San Felipe.
«Los acusó de incitar al odio en sus homilías. Algo totalmente falso, pues ellos simplemente reflejaron en sus homilías la situación de dolor y sufrimiento del pueblo venezolano», dijo.
«De igual manera, se ha intentado amedrentar a los eclesiásticos de Caracas al convocar a una reunión en el Ministerio de Relaciones Interiores al monseñor Tulio Ramírez Padilla, y al padre Miguel Acevedo, excelente y prudente sacerdote, párroco de la iglesia de Candelaria».
El cardenal asegura que se acusó injustamente al padre Acevedo de haber agredido a una mujer que había entrado en la Iglesia protestando contra sus palabras en la homilía.
El presbítero no respondió a esos ataques y ni siquiera se acercó a esa dama. «No hubo agresión alguna por parte del padre Acevedo a ninguna mujer», subraya.
El cardenal resaltó que los clérigos no participan en la diatribas partidistas, pero sí defienden los derechos del pueblo, con el debido respeto a las autoridades, y sin incitar a la violencia o a la rebelión política.
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