(Agencias/InfoCatólica) El examen preliminar analizará delitos presuntamente cometidos desde abril de 2017, en el marco de las manifestaciones que se produjeron en Venezuela a partir de ese mes.
Además, la Eurocámara pidió este jueves extender las sanciones europeas al presidente venezolano, Nicolás Maduro, a su entorno y a la petrolera estatal PDVSA, y exigió además el restablecimiento del derecho de los políticos opositores a participar en la próxima elección presidencial.
En una resolución aprobada por 480 votos a favor, 51 en contra y 70 abstenciones, los eurodiputados piden la aplicación de sanciones contra el presidente, el vicepresidente Tareck el Aissami y su entorno, «parientes incluidos», al considerarlos «responsables del agravamiento de la crisis».
La decisión llega horas después que el Consejo Nacional Electoral (CNE) fijara para el 22 de abril la celebración de una elección presidencial anticipada, pese a que Gobierno y oposición no lograron firmar en Santo Domingo un acuerdo que incluía la fecha y garantías para la celebración de esos comicios.
La resolución de los eurodiputados, impulsada por los grupos conservador y liberal del hemiciclo, lamenta la decisión de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) de adelantar los comicios y la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia de prohibir la participación de candidatos opositores.
La Unión Europea (UE) «únicamente» reconocerá «unas elecciones que estén basadas en un calendario electoral viable y acordadas en el contexto del diálogo nacional con el conjunto de (...) partidos políticos» y «unas condiciones de participación equitativas, justas y transparentes».
Durante un debate en la noche del martes sobre la situación en el país latinoamericano, la jefa de la diplomacia europea, Federica Mogherini, urgió a «establecer garantías para asegurar unas elecciones libres, transparentes y creíbles».
«No deben imponerse condiciones artificiales para limitar la participación de los partidos políticos», apuntó Mogherini, quien expresó la disposición de la UE a «adoptar las medidas adecuadas» con el objetivo de «apoyar soluciones democráticas y negociadas».
Aunque la UE expresó su preocupación por la situación en el país durante los cuatro meses de protestas que dejaron 125 muertos entre abril y julio, la elección de una Asamblea Nacional Constituyente (ANC) supuso el punto de inflexión para la adopción de sanciones.
En noviembre, la UE aprobó su primer paquete consistente en un embargo de armas y de material susceptible de usarse para la «represión interna» y, en enero impuso una prohibición de visados y congelación de activos para siete altos cargos del país, entre ellos los presidentes del CNE y del Tribunal Supremo.
Además del presidente y el vicepresidente, los eurodiputados piden sanciones contra el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, y señalan que «podrían estudiarse y adoptarse más medidas diplomáticas y económicas, en particular con respecto a la PDVSA».
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