(Agencias) La Consejería de Educación fue la primera en abrir la investigación. De allí pasó a la Consejería de Políticas Sociales, quien a su vez abrió una investigación reservada y ha denunciado las palabras del director ante la Fiscalía para que se depuren responsabilidades.
«Si esta investigación termina en que hay responsabilidades se pondrá la correspondiente infracción», ha asegurado la viceconsejera de Organización Educativa, María José García Patrón.
«El profesorado de los centros concertados atiende al estatuto de los trabajadores. En estos centros también los actos de discriminación por razón de orientación sexual y LGTBifobia, si son llevados a cabo por el titular del centro, es de aplicación el artículo 62.2 de la LOE que asegura que es una causa de incumplimiento grave lesionar los derechos reconocidos en la Constitución, en los artículos 16 y 20», explica García Patrón. Si la investigación de la Comunidad aprecia discriminación este centro podría llegar a perder el concierto.
Por otra parte, si fuera sentenciado como culpable de delito de odio, el director del centro le impondrán, con el artículo 510 del Código Penal, una condena de hasta 3 anos de cárcel, ampliables a cuatro.
Al servicio del lobby gay
De esta manera, el gobierno de la señora Cifuentes accede a la petición del lobby gay, que solictó que se tomaran medidas contra Carlos Martínez, quien se limitó a recordar en una carta, dirigida solo a los padres de los alumnos, la postura de la Iglesia acerca de la ideología de género.
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