(Agencias/InfoCatólica) En un comunicado firmado por su presidente, Mons.r Roberto Lückert León, y el vicario general, Saúl Ron Braasch, señala que al analizar la situación de los presos políticos y comunes se evidencian «tratos crueles e inhumanos en las detenciones, en los traslados y en los mismos centros de reclusión, infraestructuras antihigiénicas, alimentación precaria, falta de medicamentos, ausencia de asistencia jurídica, fallas en el debido proceso, trabas en las visitas a sus familiares y falta de asistencia médica».
La instancia eclesial exige al gobierno que cumpla con la garantía de los derechos fundamentales, que «cese la cacería de brujas contra los ciudadanos que piensan distinto al régimen» y que «se le informe a la familia del general Raúl Isaías Baduel su paradero y estado de salud».
También recordó al Estado «la responsabilidad que deriva del incumplimiento en la garantía de estos derechos que son universales y las acciones penales consecuentes son imprescriptibles», por lo cual esta comisión exige «el cese de la persecución, la tortura física y psicológica que traduce saña y violencia contra estos ciudadanos».
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