(Agencias) Según el escrito de resolución de la Junta, al que ha tenido acceso Efe, la Junta comunica esta sanción a las religiosas con la condición de que si la pagan voluntariamente se reduciría a 102.000 euros, al llevar a cabo el proceso de restauración de esta obra de Pérez Valladolid del siglo XVII, que es un Bien de Interés Cultural (BIC) de la Junta de Andalucía desde 1983, no en sí mismo, sino al estar incluido en el convento declarado como tal, como se recoge en el mismo escrito.
La restauración la esta realizando la Fundación Alqvimia Musicae, una entidad sin ánimo de lucro cuyo objetivo es la restauración del patrimonio organístico andaluz, que en su día asumió el proyecto de restaurar este instrumento, mediante un presupuesto de unos 150.000 euros, que se ha reducido considerablemente al no cobrar su promotor, Abraham Martínez, una parte de sus emolumentos.
La sanción se ha impuesto a raíz de la visita de unos técnicos de la Junta al convento el pasado 17 de octubre, donde comprobaron que faltaba de su ubicación, según recoge el mismo escrito, que detalla que se multa a las monjas por una presunta infracción «al haber trasladado el órgano de la Iglesia del Convento de Santa Inés al taller de restauración de don Jorge Anillo, en la localidad sevillana de Alcalá del Río, sin la notificación previa a la Consejería competente en materia de patrimonio histórico», lo que supone 20.000 euros de multa.
Los 150.000 restantes se habrían impuesto por «estar llevando a cabo la restauración integral del órgano y de todos sus elementos sonoros y mecánicos sin la autorización previa de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico».
La misma sanción propone «paralizar de forma inmediata la restauración del órgano (...) hasta que, en su caso, se conceda la autorización preceptiva por parte de la Consejería competente en materia de patrimonio histórico».
Se trata de un instrumento con una caja decorada con dibujos y estofada en oro y plata, que tuvo una importante reforma según la moda de la época en 1903, que, según la Fundación, no fue muy acertada, pues implicó la sustitución del teclado original y la destrucción del lateral izquierdo de la caja para colocarle una ampliación de mecanismos y tubería no original.
La restauración se realiza gracias a un convenio con el priorato del monasterio, en la que la fundación se ha hecho cargo del 75 % del importe total, con un equipo de especialistas bajo la dirección de Martínez, que ha realizado restauraciones en la diócesis de Sevilla, la catedral de Jerez de la Frontera o el Museo Arqueológico Nacional de Madrid.
La Junta ni restaura ni permite restaurar
Según informa el diario Abc, fuentes cercanas a las religiosas critican que la Junta «no restaure el órgano ni permita que otros lo hagan y que castigue a las monjas con una multa exorbitada que no pueden pagar». Y añaden que presentaron dos informes, uno relativo a la restauración del instrumento, y otro sobre el arreglo del mueble, ante la Consejería de Cultura, el organismo competente, el pasado mes de octubre. Lo hicieron aconsejadas por dos funcionarios autonómicos que visitaron el convento y observaron la falta del órgano.
Estas fuentes consideran que detrás de esta «sanción absurda e injustificada» está el interés de la Junta de Andalucía por hacerse con el edificio, situado en pleno centro de Sevilla. Sus legítimas propietarias cedieron tiempo atrás una sala a la Administración autonómica, que le dio un uso cultural y lo destinó a exposiciones.
Se da la circunstancia de que en ese convenio de cesión las monjas se reservaban el derecho de vetar cualquier exposición que no consideraran adecuada. La última incluyó unos «desnudos artísticos» que no estimaron apropiadas, aunque no ejercieron su derecho de veto, algo que podría cambiar en el futuro si las relaciones se tensan, como parece, con esta multa.
Ningún consejero de Cultura de la Junta ha puesto un pie en el convento en los últimos años, según fuentes de la Fundación Alqvimia, que critican que no se arregle su patrimonio artístico y que se obligue, por el contrario, a las monjas a afrontar reparaciones arquitectónicas muy costosas para las que carecen de recursos, «cuando en el convenio de cesión de la Sala Santa Inés se contempla que la Administración autonómica se hace responsable de su mantenimiento y conservación».
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