(RTVE/Abc/InfoCatólica) La medida es consecuencia de la aprobación el pasado fin de semana de una Ley de Aministía que, sin embargo, ha sido criticada por la oposición, al considerar que busca amparar la represión de las manifestaciones y silenciar sus reivindicaciones.
En cualquier caso, la controvertida ley, que fue aprobada el pasado sábado por la mayoría sandinista de la Asamblea Nacional, ha permitido que salgan de prisión los líderes más representativos de las movilizaciones, como los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, director y redactora jefa de la cadena de televisión 100% Noticias. Nada más salir de la cárcel, ella ya ha prometido: «Vamos a seguir informando».
Entre los liberados también se encuentran los dirigentes campesinos Medardo Mairena, Pedro Mena y Orlando Icabalceta, que habían sido condenados a 216, 210 y 159 años de prisión, respectivamente.
También han sido puestos en libertad, entre otros, los líderes estudiantiles Edwin Carcache, Amaya Eva Coppens, Nairobi Olivas y Kevin Espinoza; la empresaria Irlanda Jérez; el dirigente opositor Cristhian Fajardo; y Ricardo Baltodano, hermano de la antigua comandante guerrillera sandinista y ahora opositora Mónica Baltodano.
Hasta 56 opositores libres
Los vídeos que circulan por las redes sociales les muestran a bordo de un autobús del Comité Internacional de la Cruz Roja, que ha ejercido de observador de la entrega por parte del Sistema Penitenciario Nacional, mientras gritaban «Nicaragua, Nicaragua» y agitaban el puño en señal de victoria, enarbolando banderas del país y entonando el himno nacional. Las imágenes también muestran, entre emocionados abrazos, a los liberados gritando consignas como «Patria libre para vivir» y «Justicia».
De momento, el Ministerio de Gobernación no ha precisado el número de opositores que han sido liberados, aunque Juan Sebastián Chamorro, uno de los principales representantes de la oposición, ha indicado a la agencia AFP que 56 personas han salido en libertad.
La oposición critica la Ley de Amnistía
La amnistía, sin embargo, ha sido rechazada por la oposición nicaragüense, que señala que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno, que comenzaron por unas impopulares reformas de la seguridad social y se extendieron por todo el país, hasta provocar la respuesta violenta de las fuerzas gubernamentales y los simpatizantes de Ortega.
La oposición, en este sentido, también critica que la ley está basada en la tesis oficial de que las manifestaciones antigubernamentales escondían un intento de golpe de Estado contra Ortega, quien, en su segunda etapa, lleva en el cargo desde 2007.
Así, la oposición denuncia que el Ejecutivo pretende liberar de acusaciones legales «a su gente» y señala directamente a la Policía Nacional y a los civiles armados que, por la fuerza de las armas, levantaron los bloqueos en las vías que habían instalado entre mayo y julio del año pasado para presionar al Gobierno.
La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque diversos organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce solo 199. Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la CIDH, el principal responsable de la violencia es el Gobierno de Ortega, que a mediados de 2018 se valió de policías y fuerzas «parapoliciales» pertrechadas con armas de guerra para atacar a los civiles.
No nos van a callar
«Después de medio año enterrado en vida, por fin estoy respirando aire fresco», es lo primero que declara al diario Abc al otro lado del teléfono Miguel Mora desde Managua. Este periodista, director de un canal de televisión clausurado por el gobierno de Daniel Ortega, es uno de los presos políticos excarcelados en virtud de la Ley de Amnistía aprobada el pasado sábado por la Asamblea Nacional nicaragüense.
Desde su domicilio, entre abrazos y felicitaciones de familiares y amigos a los que no veía desde su detención, Mora denuncia que las autoridades «querían censurar a todos los medios» simplemente por «informar de lo que estaba pasando», pero asegura a ABC que no lo van a callar: «Tenemos un trabajo que hacer y lo vamos a terminar, que es cambiar el gobierno a través de elecciones libres y transparentes para que el pueblo tenga la oportunidad de decidir quiénes son sus nuevos gobernantes, porque este ya fracasó».
No ha salido todos
«No han salido todos. Nos falta gente por conciliar», aseguró Ivania Álvarez, del consejo político de la Unidad Nacional Azul y Blanco que apoya al Comité Pro Liberación de Presos Políticos
«Aún nos faltan 89 hermanos que antes del 18 de junio deben gozar de libertad plena», indicó.
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