(Asia News) En la investigación se analiza la situación de 1.046 imanes, la mayoría de ellos de etnia uigur. El estudio se basa en documentos oficiales, testimonios directos de familiares, bases de datos públicas y privadas e informes de los medios de comunicación. Según los autores de la investigación, es probable que las cifras sean más altas: las autoridades chinas no registran la mayoría de los encarcelamientos en los campos de concentración, que a menudo se producen sin cargos formales.
A los religiosos encarcelados se los acusa de «difundir el extremismo», «incitación al separatismo» y de organizar «reuniones multitudinarias para alterar el orden social». Según sus familiares, los imanes están bajo la mira simplemente porque rezan, organizan grupos de oración, traducen textos religiosos o, en general, por desempeñarse como imanes.
Los países occidentales, la Agencia de Derechos Humanos de la ONU, varias organizaciones humanitarias y académicos hace ya tiempo que acusan a China de reprimir a los uigures y a otros grupos minoritarios de origen turco y de fe islámica que viven en la región autónoma de Xinjiang.
Según datos aportados por expertos -y confirmados por las Naciones Unidas-, las autoridades chinas detienen o han detenido a más de un millón de uigures, kazajos y kirguisos en campos de concentración de Xinjiang. Estas personas serían empleadas en campos de trabajo forzado, fundamentalmente en la cosecha del algodón. Además, algunos investigadores independientes sostienen que el gobierno chino está implementando una campaña de esterilizaciones forzadas en el ámbito local, para controlar el crecimiento de la población musulmana.
Beijing desmiente las acusaciones de genocidio contra los uigures y otras minorías de ascendencia turca, y las califica como «la mentira del siglo». Los funcionarios del gobierno chino sostiene que las instalaciones de la región autónoma no son campos de concentración, sino centros de formación profesional y proyectos para reducir la pobreza y luchar contra el terrorismo y el separatismo.
El estudio de UHRP muestra que todos los imanes monitoreados -1.046 en total- pasaron períodos detenidos. Sin embargo, sólo en 630 casos fue posible cruzar los datos con documentos judiciales y testimonios in situ. Se tiene la certeza de que 304 de ellos acabaron en una prisión común; los demás fueron trasladados a instalaciones alternativas como los campos de trabajo cuyo objetivo sería «reeducar» a la población. El 96% de los imanes recibió una pena de cinco años; el 26%, fue condenado a 20 o más años de prisión e incluso hay 14 sentencias a cadena perpetua.
Las familias implicadas a menudo no tienen noticias de dónde están cumpliendo sus condenas los detenidos. Es el caso, por ejemplo, de Abidin Ayup, un conocido imán y erudito de Atush. Según sus familiares, fue ingresado en un hospital penitenciario, donde permanece desde 2017. Su nieta Maryam Muhammad, que ahora vive en Estados Unidos, afirma que las autoridades han detenido a 60 miembros de su familia, incluidos los ocho hijos de Ayup.
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